SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, la Segunda Sala de la Corte de Apelación de Santiago rechazó el recurso de apelación para la variación de la prisión preventiva que interpuso una de las imputadas vinculada a la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), así como a pacientes afectados por el cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los jueces del tribunal de alzada decidieron mantener en prisión a la imputada Luisa Yasiris Guzmán al establecer que persiste el riesgo de fuga, por la fuerza probatoria, legalidad y pertinencia de los elementos de prueba que ha obtenido en su contra el órgano investigador.
El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Joanna García Rivas, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos de la Fiscalía de Santiago.
En sus motivaciones para rechazar el recurso de apelación, el tribunal de segundo grado estableció que el proceso tiene un nivel de complejidad “que el tribunal no puede pasar por alto”.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso el pasado mes de junio a la imputada el cumplimiento de la prisión preventiva por espacio de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de esa provincia.
Además de Guzmán, están bajo medidas de coerción, su esposo Héctor Antonio Lora Cruceta, quien, también, cumple prisión preventiva y la exesposa de este último, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, a quien le fue impuesto arresto domiciliario.
Los procesados fueron arrestados en el transcurso de la Operación Onco14, y enfrentan cargos penales provisionales por hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Lora Cruceta fungía como expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, mientras que su esposa Luisa Yasiris Guzmán, como presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Vargas Sánchez, ocupó la vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
La medida de coerción establece que los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
Además, se le atribuye incurrir en la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas.
Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago.
Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
