Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina recibió ayer el borrador del anteproyecto de modificación de la ley de Compras y Contrataciones, elaborado tras un proceso de consultas con expertos nacionales e internacionales, funcionarios públicos, organizaciones empresariales y sociedad civil.
La Dirección General de Contrataciones Públicas entregó el texto al mandatario, como paso previo a su presentación ante el Congreso Nacional en la próxima legislatura, informó la Presidencia en un comunicado.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, expresó que «esta nueva modificación mejorará la eficiencia y la transparencia de las contrataciones públicas, dando, además, mayores oportunidades comerciales para nuestros productores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas».
Por su parte, la directora general de la institución, Yokasta Guzmán Santos, expresó que con la modificación de la ley se incrementa al 40 % el porcentaje del presupuesto reservado a mipymes y mujeres, y establece por ley el pago a este sector en un plazo de 30 días.
La modificación también unifica las compras por montos debajo de cierto umbral para dirigirlas exclusivamente a mipymes, mujeres y personas con capacidades especiales.
Otro punto importante, según la nota, es la obligatoriedad del uso del Portal Transaccional y la profesionalización obligatoria de los encargados de compras de las instituciones, quienes deberán designar un supervisor del contrato para asegurar su seguimiento.
Se incluyen, además, sanciones penales de cuatro a diez años a quienes violen la ley de compras y se mejoran las metodologías de evaluación de las ofertas en los procesos de contratación, cerrando así las puertas a la discrecionalidad.
También se propone que cuando un proveedor presente un recurso de nulidad contra la adjudicación se suspenda automáticamente la suscripción del contrato por un plazo de 10 días.
Además, se propone establecer criterios de sostenibilidad ambiental en las compras del Estado, tales como el uso efectivo de los recursos naturales, menor consumo de agua, el origen legal de los recursos naturales, uso de material reciclado, no tóxico o biodegradable, la disminución del uso de papel, y la promoción de la eficiencia energética.
Con la modificación, los bienes destinados para los programas de asistencia social y alimentación escolar pasarían a ser adquiridos exclusivamente a los productores nacionales y locales, otorgando el rango de Ley a las disposiciones del decreto 168-19.
