Santo Domingo.- Los auditores de la Procuraduría General de la República (PRG) admitieron la legalidad del patrimonio del exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán, sustentados en la documentación oficial suministrada por la Superintendencia de Bancos que descarta un patrón de enriquecimiento ilícito del exlegislador, de las que no tuvieron acceso a establecer ningún tipo de ilícitos.
Sobre la exclusión por parte del tribunal el pasado jueves de las pruebas presentadas por la procuraduría que buscaban probar la supuesta falsedad en las declaraciones juradas de bienes de Galán, el jurista José Ricardo Taveras expresó que “si bien la pretendida prueba era ilegal de manera ostensible, y así fue declarada por el tribunal al excluirla, a misma no tendría ningún efecto probatorio de ningún modo”.
En ese sentido, agregó que “toda vez que el empleado de la PGR que estuvo a cargo del mismo consignó que no pudo establecer la determinación de la razonabilidad de las cifras contenidas en las declaraciones juradas, situación que atribuyó al error cometido por sus superiores, que a pesar de tener todas las facultades legales para requerir que la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos proveyera un análisis de las declaraciones y su sustentación, no lo hizo”.
Dijo que la PGR ignoró el mandato de la Ley 311-14 que en su artículo 12 que condiciona el acceso de la procuraduría a las declaraciones juradas, bajo la condición de que, “en todos aquellos casos en que advierta alguna responsabilidad sobre el funcionario obligado que amerite una investigación, debe solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de una inspección y análisis de la misma, a través de la referida oficina de evaluación”.
Al referirse a esa omisión, Taveras Blanco dijo que la PGR “pretendía derivar de la declaración de un simple incremento patrimonial el ilícito del enriquecimiento ilícito, sin que en ningún caso aportara absolutamente ninguna pesquisa tendente a establecer que el incremento respondía a la integración de recursos ilícitos.”
Añadió que “la mejor prueba de ello la constituye el reconocimiento de los auditores de la PGR. Pudieron, sustentados en la documentación proveída por la Superintendencia de Bancos, establecer que los ingresos legales del senador en los últimos 16 años que ascienden a unos 49 millones, presentando una bancarización de los mismos por un importe de unos 42 millones, perfil para nada vinculable a un patrón de enriquecimiento ilícito o lavado de activos”, precisó Taveras Blanco, quien integra la referida barra de defensa de Galán, junto a los doctores Hiroito Reyes y José Fis Batista.
