La publicación de los Papeles de Pandora que revelan los nombres de políticos, artistas y empresarios con compañías en paraísos fiscales, ha causado revuelo al interior de los países de América Latina.

En los documentos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) aparecen señalados los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, Sebastián Piñera, Guillermo Lasso y Luis Abinader, respectivamente, así como otros políticos en funciones y muchos ya fuera de sus cargos.

Acusación constitucional contra Piñera

Los documentos revelan el entramado de Piñera y su familia en varios negocios ‘offshore’. «Sus negocios han proporcionado todos los fondos para dos empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas en 1997 y 2000. Uno de sus hijos se convirtió en director de una de esas empresas antes de que cerrara en 2018″, dice la publicación.

Uno de los datos más relevantes es acerca de un negocio que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga, en la que los hijos del mandatario chileno tenían una participación del 33,3 %. De acuerdo con la revelación, en diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba casi nueve meses en el poder en su primera presidencia, se utilizaron dos empresas fantasmas de las Islas Vírgenes Británicas para vender esas acciones al empresario Carlos Alberto Délano, amigo del Jefe de Estado.

El trato en el paraíso fiscal fue por 138 millones de dólares y la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas. El pago de la última, por 9,9 millones de dólares, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental o reserva natural que obstaculizara la instalación y operación de la mina, decisión que le correspondía al gobierno, lo que Piñera, que ya era presidente, efectivamente cumplió. Esta operación permitió que los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, obtuvieran una ganancia de 1.000 % en 18 meses.

Además, los papeles publicados señalan que pocos días antes de que Piñera asumiera la presidencia en 2018, la compañía Parque Chiloé Overseas Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas y vinculada a él, se fusionó con la chilena Parque Chiloé SA. Esta luego fue absorbida por otra entidad chilena, Inversiones Odisea, donde cuatro hijos del mandatario poseen acciones.

Sebastián Piñera, presidente de Chile. Reuters

Tras la publicación de los Papeles de Pandora, Piñera intentó desvincularse de las operaciones reveladas. «Desde el mes de abril de 2009, hace ya más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado», dijo el mandatario, asegurando que nunca fue informado ni consultado sobre la venta de la minera Dominga.

El martes, representantes de las bancadas de oposición en el Congreso chileno informaron que prepararían una acusación constitucional contra Piñera.

«Nuestros equipos jurídicos ya están trabajando en la redacción del libelo acusatorio«, dijo el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista.

Por su parte, el diputado Gabriel Ascencio, del Partido Demócrata Cristiano, aseveró que los hechos revelados «ya lindan con el cohecho, son gravísimos, escandalosos» y comprometen «gravemente el honor de la nación». Para el parlamentario,  Piñera infringió la Constitución, donde se establece el «principio de probidad».

Presiones en el Parlamento de Ecuador

Sobre Lasso, en los Papeles de Pandora se indica que el mandatario ecuatoriano ha tenido vínculos con 10 sociedades financieras opacas en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.

Estas firmas son Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC, Tintoretto International Fundación, Bretten Trust y Liberty US Trust.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Reuters

Según la investigación, Lasso disolvió la mayoría de esas compañías. El procedimiento lo hizo antes de lanzarse por tercera vez a la Presidencia, que finalmente ganó este año; y después de que, en 2017, se aprobara en Ecuador una ley que prohíbe que los candidatos a cargos públicos sean beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.

El ICIJ indicó que en 2017 se crearon dos fideicomisos, Bretten Trust y Liberty US Trust, en Dakota del Sur, y Lasso autorizó la transferencia de dos de las empresas ‘offshore’ con las que tenía vínculo, que estaban en poder de dos fundaciones «de interés privado panameñas», llamadas Bernini y Barbenini.

Según las reglas de cada fundación, se realizarían distribuciones mensuales a los beneficiarios después de la muerte de Lasso, incluidos 20.000 para su esposa, 2.000 para sus hijos y 1.500 para su hermano.

El domingo, Lasso hizo un primer pronunciamiento, mediante un comunicado, en el que señaló que todas las inversiones que realizó en Ecuador y en el exterior «siempre estuvieron dentro del marco de la ley», que la mayoría de las sociedades mencionadas «fueron legalmente disueltas» y que no tiene «ninguna vinculación» con las existentes. Asimismo, dijo que su patrimonio es fruto de su trabajo de toda su vida en el Banco Guayaquil.

Posteriormente, en un mensaje a la nación el lunes, Lasso insistió en que no debía cuestionarse la procedencia de los recursos que produce «honestamente» una persona, sino «de dónde sale el dinero que tienen aquellos malos políticos en el exterior».

Ante la situación, este miércoles el excandidato presidencial Yaku Pérez, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones de este año, presentó una denuncia contra Lasso en la Fiscalía General de la Nación, acompañado del legislador Bruno Segovia.

«El señor Presidente ha aceptado que evadió impuestos, porque dice que tenía dinero en paraísos fiscales y no pagó impuestos antes de la última candidatura, supuestamente para cumplir la ley, pero sí perjudicó a los ecuatorianos evadiendo impuestos que significan salud, educación, obras», dijo el asambleísta a la prensa.

En la Asamblea Nacional de Ecuador, la bancada de la izquierdista Unión por la Esperanza (Unes) pidió al Parlamento la conformación de una «comisión multipartidaria» para que inicie las pesquisas sobre el mandatario.

Lasso con carta enviada al titular de la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

Por su parte, el asambleísta Salvador Quishpe, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, propuso crear una «comisión internacional imparcial de alto nivel» para que investigue a profundidad este caso. Asimismo, el parlamentario Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, envió una carta al mandatario en la que le solicita información sobre si mantiene vínculos con las compañías mencionadas en los Papeles de Pandora.

Esa misiva fue respondida por Lasso. En su cuenta en Twitter, el mandatario publicó una carta en la que le dice a Villavicencio que sería «un gusto» recibir a los miembros de la Comisión de Fiscalización en su despacho para que le hagan todas las preguntas que consideren pertinentes. La invitación ya fue aceptada.

Piden «investigación exhaustiva» en República Dominicana

Sobre el mandatario dominicano, los Papeles de Pandora señalan que Abinader está vinculado a dos empresas panameñas: Littlecot Inc. y Padreso SA, en las cuales sus hermanos aparecen como accionistas y que fueron creadas en 2011 y 2014, es decir, antes de que el presidente llegara al poder.

Las acciones eran inicialmente ‘al portador’, mecanismo que permitió ocultar la identidad de los propietarios de las mismas. No obstante, según la investigación, el mandatario aparece como beneficiario de esas entidades desde 2018, tres años después de que entrara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar los nombres de los dueños.

Tras la publicación de los polémicos documentos, la Presidencia de República Dominicana emitió un comunicado en el que asegura que «desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por la familia», tanto las constituidas en su país como en el extranjero.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió a Abinader que brinde una «explicación convincente» sobre estas empresas en paraísos fiscales, que no estarían incluidas en su declaración de patrimonio, aunque en el comunicado de la Presidencia se señala que sí.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Reuters

«Instamos al presidente a actuar con transparencia y que solicite a las autoridades fiscales y tributarias pertinentes que realicen una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento o no de las obligaciones fiscales del ciudadano Luis Abinader con respecto a las riquezas generadas por esas empresas», dice un texto del PLD.

También le piden que demuestre a los dominicanos que «este esquema fiscal que utiliza, con sociedades ‘offshores’, fideicomisos u otros instrumentos, no se haya hecho con el propósito de eludir sus responsabilidades tributarias en la República Dominicana».

Otros políticos de la región

En Colombia, por su parte, la oposición presentó una propuesta para llevar a cabo un debate de control en la Cámara de Representantes en torno a las revelaciones de los Papeles de Pandora, en los que figuran la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Lisandro Junco Riveira.

Sobre Ramírez, en los documentos filtrados se la asocia a ella, a su esposo, Álvaro Rincón, y a su hija, María Alejandra Rincón, en la sociedad panameña Stulb Investment Corporation, donde aparecen como accionistas —según documentos del año 2005— de la empresa «Global Securities Management Corporation».

La compañía habría sido registrada en Islas Vírgenes y su fundador fue el ciudadano colombiano Gustavo Hernández Frieri, actualmente condenado en EE.UU. por un caso de blanqueo de capitales relacionado a un robo perpetrado contra Petróleos de Venezuela.

Al respecto, la vicepresidenta y canciller aseguró que había actuada ajustada a derecho. «La compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República y la DIAN, conforme a la ley. Así mismo, es importante dejar claro que dicha compañía fue vendida en el año 2012», indicó.

Por otra parte, Junco aparece como beneficiario de la sociedad Cyber Security System Company de Delaware (EE.UU.); mientras que Orozco es vinculada a la sociedad Global Securities Management Corporation, al igual que Ramírez.

En los documentos recientemente revelados también aparecen los hombres de los embajadores de Colombia en Chile y China, Guillermo Botero y Luis Diego Monsalve, respectivamente.

En Brasil, mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación preliminar al ministro de Economía, Paulo Guedes, y al titular del Banco Central brasileño, Roberto Campos Neto, tras aparecer en los Papeles de Pandora.

Según la revelación, Guedes y Campos Neto mantuvieron empresas en paraísos fiscales incluso después de que se unieran al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, a principios de 2019.

Además de estos políticos en funciones, en los Papeles de Pandora también aparecen los nombres de varios expresidentes de América Latina, entre ellos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

Fuente RT