SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, luego de una investigación iniciada el pasado año contra una red criminal dedicada a la trata de personas, realizó un operativo simultáneo en las provincias de La Romana y San Juan, durante el cual fue desmantelada la organización, rescatadas 49 víctimas de diferentes nacionalidades, clausurados cuatro negocios y apresadas diez personas, incluyendo administradores y propietarios de esos establecimientos.
Los detenidos fueron identificados como María Martínez Morel (Mary y/o La Rubia), Marino Leonardo, Pedro Guante, Juan Isidro Mercedes, y Alen José Feliciano, todos de nacionalidad dominicana, y el ciudadano haitiano Miguel Desiré, quienes fueron apresados en La Romana, así como los dominicanos Maribel García Herrera y su esposo Ángel Emilio Puello (Papiro), Ángela del Carmen García (Angely) y Lourdes Anadelia Hernández Hernández, éstos cuatro últimos apresados en San Juan.
Se informó que los detenidos fueron sometidos a la acción de la justicia en los departamentos judiciales de La Romana y San Juan y que se solicitó en su contra la imposición de medidas de coerción de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, siendo fijada la audiencia por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana para este 2 de octubre y la de San Juan para el día 4 de este mes.
El grupo fue sometido a la justicia en condición de autores y cómplices de esa actividad ilegal, que constituye una violación a los artículos 3 y 7 de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, destacando el órgano investigador que por la gran cantidad de evidencias obtenidas durante las pesquisas que lo vinculan a los hechos, así como por la gravedad del caso y por existir el peligro de fuga, la medida más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva para garantizar su presencia a todos los actos del proceso.
El órgano del sistema de justicia ofreció la información a través de un comunicado de prensa, donde explica que además de los apresamientos, procedieron a la clausura de los centros de diversión La China Bar, el centro cervecero D’ Cache Bar y Bar la Rejilla Ella y Él, localizados en La Romana, en tanto que en la provincia San Juan fue cerrado el establecimiento Disco Terraza El Canal.
Sobre las jóvenes rescatadas, detalló que son de nacionalidad dominicana, venezolana y haitiana, las cuales fueron trasladas en condición de víctimas a un centro de acogida, con los niveles de protección y cuidado establecidos en la referida ley que rige la materia y el protocolo de Palermo.
Autoridades daban seguimiento a red criminal
La información destaca que la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas realizó los operativos simultáneos en coordinación con las procuradurías fiscales de las provincias de La Romana y San Juan, con el apoyo del Ministerio de Defensa (MIDE), el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División Especial de Investigación de Delito Transnacional de la Policía.
Las autoridades indicaron que presuntamente se trata de un grupo del crimen transnacional dedicado a la trata de personas con fines de explotación sexual que opera en varios negocios de La Romana y San Juan, utilizando la metodología de reclutamiento, traslado, transporte y acogida de las víctimas, la cual según han establecido las investigaciones era liderada por Maribel Herrera García y su esposo el Ángel Emilio Puello. Señalaron que la red fue desmantelada luego de una labor de inteligencia iniciada el pasado año.
El Ministerio Público destacó en el comunicado de prensa que como resultado de la intensa labor llevada a cabo en los últimos tres años contra la trata de personas han logrado más de 33 sentencias condenatorias y el rescate de más de 400 víctimas de diferentes nacionalidades, así como la clausura de más de quince establecimientos vinculados a ese delito.
Advirtió que con la colaboración de los demás organismos de seguridad del Estado trabajan activamente en la persecución y combate de esa actividad del crimen organizado.
