El Consejo Directivo de la Procuraduría General de Perú decidió dar por terminada la designación de Jorge Ramírez como procurador ‘ad hoc’, que le permitía ejercer la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano en el megacaso de corrupción Odebrecht.
La decisión, firmada por el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, fue publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.
La separación de Ramírez en este cargo se produce luego que varios medios locales revelaran que fue el responsable de promover una reunión entre el exministro de Energía y Minas peruano, Juan Carlos Liu, y la empresa brasileña Odebrecht, que ha demandado al país por 1.200 millones de dólares.
«En diciembre del año pasado, el procurador Jorge Ramírez, del Ministerio de Justicia, me pidió una reunión para que atienda a funcionarios de Odebrecht que estaban interesados en que les explicásemos cómo iba el tema del gasoducto hacia el sur», uno de los proyectos que ha generado la polémica entre la firma brasileña y el Estado peruano, dijo Liu, en entrevista con el diario Correo. El extitular de la cartera de Energía y Minas detalló que el encuentro se realizó el 9 de enero pasado.
Renuncia previa
Previamente, el pasado lunes, se conoció que Liu renunció a su cargo, luego de revelarse que el funcionario había dado asesoría a la constructora brasileña Odebrecht, a través de su compañía Consultores Supervisores y Asesores Nacionales S.A.C (Conasac), para determinar la necesidad del proyecto Gasoducto Sur.
La revelación de la asesoría del funcionario habría sido hecha por el programa peruano Panorama, de Panamericana Televisión, el pasado domingo.
De acuerdo a declaraciones del exministro, su empresa fue contratada para brindar servicios específicos de regulación de energía cuando Odebrecht no era cuestionada, ni en Perú ni en otro país de la región.
Sin embargo, según la investigación de los medios peruanos, en la declaración jurada de intereses no se consignó el haber hecho esa asesoría; además, su empresa no fue seleccionada mediante concurso y en una sola semana proveyó un informe en el que señalaba que el proyecto del Gasoducto Sur era autosustentable.
En 2014, se adjudicó a un consorcio liderado por Odebrecht la construcción de ese gasoducto, pero la obra se paró, a pedido del Estado peruano, en 2017. Por ese motivo, la firma brasileña exige una reparación de 1.200 millones de dólares y ha solicitado, para este caso, el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Ramírez denunciado penalmente
En febrero del año pasado, el procurador Ramírez informó que Odebrecht debía pagar 610 millones de soles (poco más de 180 millones de dólares) al Estado peruano, en un plazo de 15 años, por haber cometido actos de corrupción en cuatro grandes obras en el país: el tren eléctrico o Metro de Lima, la autopista Costa Verde Callao, la carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, y la vía de Evitamiento Cusco.
No obstante, Ramírez fue cuestionado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por sus acuerdos con Odebrecht. En agosto del año pasado, este organismo presentó una denuncia penal en su contra, específicamente por favorecer a la firma brasileña con la devolución, por parte del Estado peruano, de 524 millones de soles (casi 155 millones de dólares), por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, otro de los proyectos suspendidos a la empresa en Perú, que se transfirió a otra contratista.
