SANTO DOMINGO (R.D.) jueves, 18 de julio de 2024. La jueza Milagros Ramírez, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, dictó seis meses de prisión suspendida contra la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña y Marisol Vargas, involucradas en la agresión física y verbal al Defensor del Pueblo y a varios periodistas, durante una visita al Centro de Retención Vehicular, conocido como “Canódromo el Coco”.
De igual modo, el tribunal dictó condena absolutoria en favor de Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino, y declaró las costas penales de oficio.
El Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Yuderky Utate y Elaine Soto, aseguró que con esta decisión del tribunal se crea un precedente en el país, buscando que las autoridades públicas controlen sus acciones y respeten las normas y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dado que esto fue lo que llevó al Defensor del Pueblo a visitar el canódromo el 11 de abril de 2022, tras denuncias de supuestas irregularidades en la institución.
La coronela Ysabelita de los Santos Pérez fue declarada culpable de agresión y rebelión en contra de la figura del Defensor del Pueblo, en violación a los artículos 209, 212 y 311 del Código Penal Dominicano, que tifican y sancionan dicho accionar.
Mientras que, Geraldina de los Santos Peña y Marisol Vargas fueron condenadas por la agresión física y verbal, en perjuicio de la periodista Lourdes Aponte Jones y Richard Alberto Peña, respectivamente, en violación al artículo 311 del Código Penal Dominicano.
Durante el cumplimiento de la prisión suspendida, Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña y Marisol Vargas, deben mantener un domicilio fijo, evitar la ingesta excesiva de alcohol y realizar 20 horas de trabajo comunitario. Asimismo, fueron condenadas al pago de las costas penales del proceso.
Dentro de las motivaciones, la jueza Milagros Ramírez manifestó que los ánimos se caldearon tras el intento de quitarle la cámara a los periodistas y destacó que los funcionarios públicos tienen el deber de rendir cuenta a la prensa y la población.
La lectura íntegra de la sentencia está programada para el jueves 8 de agosto, a las 3:00 de la tarde.
