Santo Domingo. – El Ministerio Público de Santo Domingo Este logró el envío a prisión preventiva por espacio de un año, de 10 integrantes de una estructura criminal imputada de tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa; así como de lavado de activos.
Se trata de Rafael Senen Rosado Fermín, Christopher Tavares, Estanly Ramón Paulino de Jesús, Richard Alexandro Martínez Alcántara, Pedro Antonio de los Santos Nina, Cristian Alberto Garcés, Francis Rafael Guillén Portes, José Luis Núñez Paulino, José Antonio Durán Canela y Rubén Darío Báez Medina.
Todos enviados a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
Mientras contra cinco encartadas restantes, Dilia Isabel Rosado Jiménez, Katty Alexandra Urbáez Terrero, Bibiana Méndez, Jennifer Madelin Martínez Cruz y Lucitania Del Carmen Goris Abreus, fue impuesto el pago de garantía económica por valor de RD$ 100,000.00, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Los fiscales litigantes presentaron pruebas materiales, documentales y testimoniales que fueron acogidas por el tribunal para sustentar su decisión en contra de los 15 imputados de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 139, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; así como la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de seis víctimas denunciantes y el Estado dominicano.
El Ministerio Público de Santo Domingo Este en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM), daban seguimiento a la organización desde octubre de 2019.
Según el expediente de la Fiscalía, la red tenía como objetivo principal los Estados Unidos de América y además de proveer visados falsos, contaban con contactos que brindaban albergue a sus clientes en los países utilizados como paso. Además, cobraban entre US$ 1,500.00 y US$ 3,000.00, y dependiendo de la complejidad del viaje, si el cliente había sido deportado, el monto podía aumentar hasta los US$17,000.00.
Para este caso el procurador fiscal de SDE, Milcíades Guzmán Leonardo, instruyó a los magistrados Felbelys Rosario, Hazel Gross y Diógenes Quezada, adscritos al Departamento de Investigación y Persecución de Criminalidad Organizada de esta Fiscalía, para que se esmeraran en una gruesa investigación que diera, tal y ocurrió, con la desarticulación de esta organización criminal.
Los fiscales descubrieron que entre los ahora imputados había propietarios de aerolíneas privadas que organizaban los viajes ilegales y empleados de la Dirección General de Migración y Pasaportes.
