Documentos filtrados del Pentágono y etiquetados como ‘ultrasecretos’ indican que la multitudinaria revuelta contra la reforma judicial del Gobierno de Benjamín Netanyahu estuvo instigada por la agencia de espionaje de Israel, el Mossad.
El texto señala que, en febrero de este año, los líderes de la agencia «abogaron por que funcionarios del Mossad y ciudadanos israelíes protestaran contra las reformas judiciales propuestas por el nuevo Gobierno israelí, incluidos varios llamados explícitos a la acción que condenaron al Gobierno israelí».
Los informes, citados por varios medios, entre ellos The Washington Post y The New York Times, no contienen los nombres ni ningún otro detalle de las personas que habrían orquestado las protestas.
Asimismo se informa que miembros de bajo rango del Mossad recibieron permiso para participar en las manifestaciones. Según una fuente familiarizada con el asunto, el jefe de la agencia, David Barnea, permitió a varios de sus subalternos unirse a las protestas siempre y cuando no se identificaran como miembros de la organización.
Asimismo, cientos de exempleados del Mossad, incluidos cinco antiguos jefes, habrían firmado en marzo una declaración en contra de la reforma de Netanyahu.
Afirmación «falaz y sin fundamento alguno»
El Gobierno israelí se apresuró a rechazar firmemente la información, calificándola de afirmación «falaz y sin fundamento alguno».
«El Mossad y sus altos funcionarios no alentaron, y no alientan, al personal de la agencia a unirse a manifestaciones contra el Gobierno, manifestaciones políticas ni ninguna otra actividad política», reza el comunicado emitido este domingo en nombre de la agencia.
«El Mossad y su personal superior en servicio no se han involucrado en absoluto en el tema de las manifestaciones y están dedicados al valor del servicio al Estado que ha guiado al Mossad desde su fundación», agrega el comunicado.
Las manifestaciones que sacuden a Israel se producen en rechazo a la reforma propuesta en enero por la coalición nacionalista-religiosa de Netanyahu. El proyecto incluye otorgar al Gobierno una influencia decisiva en la selección de jueces y limita el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Ejecutivo.
Los críticos consideran que debilitaría, en gran medida, la independencia judicial, dado que Israel no tiene Constitución, sino solo una comisión del Parlamento controlada por la coalición.
