El 8 de enero de 2023 dejó una cicatriz profunda en la historia de Brasil. Las televisoras del mundo entero transmitieron aquel día los ataques contra la mayor democracia de América Latina, una semana después de que Luiz Inácio Lula da Silva arrancara su tercer mandato presidencial a sus 77 años.
Miles de seguidores del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro –a quien la Justicia investiga como posible instigado junto a su exministro de Justicia, Anderson Torres– depredaron las sedes de los tres poderes: el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, en Brasilia.
Los daños que causaron durante más de cinco horas en el valioso patrimonio cultural de las instituciones dejó unas pérdidas económicas de más 25 millones de reales (unos 5 millones de dólares).
Los manifestantes pedían una intervención militar para derrocar a Lula, mientras Bolsonaro, que se marchó días antes de vacaciones a Florida, EE.UU., seguía sin reconocer su derrota electoral.
Fue un intento de «golpe anunciado» desde hacía tiempo por el ultraderechista. Por lo menos desde la invasión al Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021, cuando advirtió de que algo peor podía ocurrir en Brasil si los comicios se celebraban con el sistema de urnas electrónicas que, según él, se prestaban a fraude. Por esas acusaciones, la Justicia le inhabilitaría por ocho años.
«Renacimiento político»
El 30 de octubre de 2022, cuando Lula -en una espectacular ‘renacimiento político’ tras ser condenado, enviado a prisión y luego liberado- derrotó a Bolsonaro con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales, la maquinaria de noticias falsas en las redes sociales se intensificó.
La turba salió a las calles bloqueando carreteras, congregándose frente a los cuarteles y desde uno de los campamentos, organizado y presuntamente financiado por élites económicas, partirían el día 8, hacia el corazón de la capital escoltados inclusos por policías.
Un total de 2.170 personas fueron detenidas, más de la mitad quedaron después en libertad y actualmente hay 66 en prisión. La Fiscalía presentó 1.345 denuncias ante la Corte Suprema y en septiembre se dictó la primera sentencia «ejemplar», de 17 años de prisión, contra el exfuncionario Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años.
Hasta la fecha, 30 personas han sido condenadas y se espera que a lo largo de este año se juzgue a otras 200. La operación Lesa Patria, que investiga a los instigadores y financiadores de aquellos ataques, sigue activa. Este mismo lunes, se cumplen 46 órdenes de búsqueda y una de prisión preventiva.
Cómo la seguridad pública permitió aquello ha sido una de las grandes líneas de las investigaciones, que han apuntado directamente a militares y policías nacionales. El mandatario izquierdista destituyó por lo menos a 150 militares que actuaban en la presidencia, la vicepresidencia y el gabinete de Seguridad Institucional. Ninguno ha sido, hasta el momento, incriminado.
«Democracia Inquebrantable»
Lula encabezará este lunes un acto, denominado ‘Democracia Inquebrantable’, con el que pretende simbolizar la unión del país cuando se cumple el primer aniversario de aquellas violentas acciones.
Más de 2.000 policías han sido desplegados para garantizar la seguridad del evento, en el que participarán parlamentarios, ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la sociedad civil y parte de los gobernadores.
En una muestra de la polarización que sigue existiendo, los representantes estaduales y otros aliados de Bolsonaro declinaron asistir, con todo tipo de excusas.
Durante el acto se llevarán a cabo varias acciones simbólicas, como la restauración de un tapiz, del paisajista y arquitecto Roberto Burle Marx, que los bolsonaristas arrancaron de una pared del Senado. También se entregará un ejemplar de la Constitución de 1988 que fue robado y después se recuperó.
«Creo que hay un responsable directo, que planeó todo esto y que, cobardemente, se escondió y salió anticipadamente de Brasil, que fue el expresidente de la República», declaró recientemente Lula.
Fuente RT
