SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público ha depositado ante la justicia más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
El auto de solicitud cuenta con más de 600 páginas, incluyendo documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En el caso la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo jueves el conocimiento de coerción presentada por el Ministerio Público contra los vinculados.
“El expediente es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido las personas que están involucradas, la cantidad de bienes que estas personas han adquirido con el dinero sustraído del erario y con la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público para sustentar esta medida de coerción”, sostuvo el procurador adjunto Wilson Camacho respecto al Caso Coral 5G.
Camacho destacó que el órgano ha aportado en este proceso más de 15 mil páginas de evidencias en contra de los imputados por corrupción administrativa.
Contra los involucrados, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por Camacho, solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que imponga 18 meses de prisión preventiva contra 13 detenidos durante la Operación Coral G5 y que el caso se declare complejo.
“Nosotros hemos dicho, lo reiteramos: venimos a los tribunales cuando tenemos nuestros procesos blindados y eso ha sucedido una vez más”, dijo el representante del Ministerio Público a la prensa, a la salida del tribunal, luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo jueves 25 de noviembre, a las 11:00 de la mañana.
“La defensa, como consecuencia del alto volumen de evidencias presentadas por el Ministerio Público, y eso es así, hemos depositado más de 15 mil páginas de evidencias, ha solicitado al tribunal un aplazamiento y que se le otorgue tiempo para revisarlas”, explicó Camacho cuando respondía a preguntas de los representantes de los diferentes medios de comunicación.
El caso Coral 5G es una continuación de la Operación Coral.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ERD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
