San Juan, 16 jul (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró este martes que con su participación y afirmaciones en un chat privado, cuyo contenido ha llevado a una crisis política a la isla, cometió «actos impropios pero no ilegales» y volvió a reiterar que permanecerá en el puesto.
A su vez, y en medio de la presión para que dimita, subrayó en conferencia de prensa que sigue celebrando reuniones con jefes de agencia ya que es «importante que el Gobierno continúe trabajando».
Desde La Fortaleza, sede del Ejecutivo, indicó que ha «tenido un proceso de introspección y en ese proceso de evaluación y pensamiento» su «determinación ha sido seguir trabajando por Puerto Rico».
«Mi responsabilidad (es) que tengamos continuidad y (que los) servicios funcionen y todos los servicios que se puedan otorgar se den», aseveró el gobernador.
«Muchas cosas se discutían en el chat, lo cierto es que nosotros hemos hecho unas evaluaciones completas y hemos visto que no hay ilegalidad», apuntó.
El gobernador a su vez dijo reconocer la «importancia» y la «magnitud» de las manifestaciones y no anunció cambios en su Gobierno.
Sobre las manifestaciones violentas para pedir su dimisión por el contenido del chat, la última de ellas celebrada ayer y que se saldó con 21 detenidos y cinco heridos, dijo entender las protestas y el derecho a la libre expresión, así como la necesidad de proteger a los ciudadanos.
El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, aseveró que con el incendio de varios contenedores de basura anoche en el Viejo San Juan, en las cercanías de la sede del Ejecutivo, se puso en peligro a los residentes y patrimonio cultural.
Mientras que el jefe de Bomberos, Alberto Cruz, advirtió en la misma conferencia de prensa que en esa zona de la ciudad hay líneas de gas soterradas y el fuego puede provocar una explosión.
Esta crisis política se desencadenó después de que se publicara íntegramente el contenido de un chat privado, en el que participaba Rosselló y su círculo íntimo en el Ejecutivo.
Ello desencadenó una oleada de rechazo por una parte de la población y de la clase política de la isla tras poder leerse en el mismo insultos y comentarios homófobos y sexistas contra periodistas y lideres políticos por parte del gobernador y su círculo íntimo.
Previamente, el 10 de julio, un jurado federal acusó a dos exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico y un contratista, entre otros, de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero.
Ese día el FBI detuvo a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en Puerto Rico Ángela Ávila, y al presidente de la empresa de contabilidad BDO en la isla, Fernando Scherrer, mientras que la exsecretaria de Educación Julia Keleher fue arrestada en Washington.
Otras personas también fueron detenidas por su relación con esta trama de corrupción o están en proceso de arresto, entre ellas dos contratistas del Departamento de Educación y Alberto Velázquez, subcontratista del Gobierno y de la empresa DBO.
Keleher llegó hoy a la isla para comparecer ante la justicia en Puerto Rico.
Sobre la corrupción, el gobernador dijo hoy que se trata de un «mal social sea donde sea» y que ha «habido en todas las administraciones».
«Se trata de un problema sistémico» y hay que «adjudicarlo al individuo que lo comete».
Respecto a la posibilidad de que sea sometido a un juicio político, indicó que tenía conocimiento de que «no se está considerando ni buscando».
Tras los actos violentos acaecidos anoche en el Viejo San Juan, los operarios del Ayuntamiento han limpiado la zona y arreglado algunos desperfectos, como la colocación de adoquines, y algunos comercios han protegido sus vitrinas con maderas por el temor de que hoy pudiera producirse otra protesta.
