El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en todo el país, por un lapso de 30 días, debido a las protestas que tienen lugar en varias regiones.
El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, indicó que la medida, que previamente había sido declarada en algunas regiones del país, se decidió en sesión de Consejo de Ministros.
«Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todos el país, eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos», dijo Otárola en declaraciones a la prensa.
El funcionario dijo que, aunque esos actos «se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas», requieren «una respuesta contundente y de autoridad de parte del Gobierno».
Otárola explicó que esta declaratoria de estado de emergencia nacional «significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales».
«El ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el Gobierno, para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlemos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos», añadió el ministro.
Otárola también dijo posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, que con esta medida buscan «garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas y la protección de millones de familias».
Previamente, el estado de emergencia había sido declarado para algunas regiones específicas del país, como Arequipa, y provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín y Apurímac.
Las manifestaciones
Las protestas en la nación suramericana se desataron luego de la destitución de Pedro Castillo como presidente, que ocurrió tras su fallido intento de disolver el Congreso el miércoles de la semana pasada.
Los manifestantes piden la liberación de Castillo, actualmente preso en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes); el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para 2023 y la renuncia de la presidenta que lo sucedió, Dina Boluarte.
Hasta ahora, estas manifestaciones han dejado un saldo de siete personas muertas.
Del total de víctimas, cinco murieron en Andahuaylas, una en la provincia apurimeña de Chinchero y otra en Arequipa.
