El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, dio 10 días a la Policía Federal (PF) para que presente un informe parcial sobre los asaltos por parte de bolsonaristas radicales a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el pasado 8 de enero.
Moraes pidió al director general del cuerpo policial, Andrei Passos, la presentación de «pruebas ya recogidas, identificando a los agentes (…) que pueden haber incurrido en delitos que están bajo investigación«.
El documento es parte de la investigación abierta para esclarecer el papel que tuvieron el gobernador del Distrito Federal, Ibanéis Rocha –suspendido por 90 días de su cargo tras los ataques–, y de su exsecretario de Seguridad, Anderson Torres, que también fue expulsado de su puesto.
Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF) y exministro de Justicia de Bolsonaro, llegó el sábado de Florida, EE.UU., adonde también viajó días antes de los violentos asaltos a las sedes de los tres poderes, no sin antes destituir a los altos mandos de la corporación y dejando así desprotegida la capital.
Nada más al aterrizar de vuelta a Brasil, Torres fue enviado a prisión, acusado de presunta omisión de los hechos, y está previsto que declare este miércoles ante la PF.
La situación de Torres se complicó todavía más cuando, tras allanar su casa, la PF encontró, en un armario de su vivienda, un polémico borrador de decreto para intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y cambiar los resultados de las elecciones ganadas por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, gran enemigo político de Bolsonaro.
Casi 1.400 personas siguen detenidas por su participación en los ataques, que provocaron una gran conmoción dentro y fuera de Brasil.
