Comunitarios de Haina amenazaron con proceder a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena el cierre de la fábrica de baterías Verde Eco Reciclaje Industrial (Veri), debido a la contaminación por plomo que genera y que los afecta.
Representantes comunitarios de Haina acusaron a las autoridades de Medio Ambiente, del ayuntamiento municipal y de la Justicia de actuar en desacato de la Sentencia 136, emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), del 2019, que ordena a Medio Ambiente el cierre provisional de la recicladora de baterías Veri, hasta tano se adecúe a los parámetros medioambientales establecidos en la normativa nacional.
Víctor Manuel Báez, presidente del Consejo para el Desarrollo de Haina, el abogado y el abogado Jorge Herasme indicaron que 124 mil 193 habitante de Haina no pueden estar a expensa de tanta contaminación aplomo como la que emite la empresa.
También expresaron su pesar por la falta de acción de las autoridades, Dorka Martínez y Alejandro Arias, coordinadora de Juntas de Vecinos de Haina; Anny Guzmán, de la Asociación de Amas de Casas de Haina; Fausto Senfor y Víctor Báez, dirigentes comunitarios.
“Se está llegando a los límites y creo que en cualquier momento, el pueblo de Haina tendrá que tomar en sus manos, la aplicación de esa sentencia e ir y cerrar la fábrica Veri, S.A, para que no nos siga matando”, afirmó Báez.
Mientras que Herasme dijo que la respuesta del ayuntamiento a los reclamos fue el envío de un acto de alguacil estableciendo que no tienen ningún relación comercial con Veri y que procederían a desalojar la empresa.
El acto de aguacil es el 8332020, a requerimiento del alcalde y del presidente del Concejo de Regidores, pero no entiende como aún no lo han ejecutado.
Indicaron que la contaminación por plomo que emite la empresa ha causado daños irreparables a la salud de los munícipes y que abundan casos de problemas irreversibles, debido a que cuando el plomo entra al cuerpo es difícil de salir.
Múltiples protestas han realizado decenas de munícipes en los terrenos donde opera la reciclara de baterías y en la sede del Ministerio de Medio Ambiente, pero no se ha logrado conseguir que se dé cumplimiento a la sentencia del TSA.
