Expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierten que desembolsar el 30% de los ahorros de las AFPs, como plantean varios legisladores, podría ser peligroso para los trabajadores, porque con ello estarían costeando una crisis de la que no son responsables y cuyas respuestas debe darla el Gobierno.
El análisis “Acceso al ahorro obligatorio para el retiro en tiempos de COVID-19: consideraciones de política pública”, publicado en la página web del BID, plantea que el contexto actual de recesión, el acceso a los fondos de pensiones debería ser una herramienta de última instancia, es decir, República Dominicana y cualquier otro país que se vea en situación de crisis por la pandemia del coronavirus debe optar por agotar todos los recursos a su alcance, antes de pensar en tocar los ahorros de los trabajadores.
El doctor en economía de la universidad de Barcelona y experto en sistema de pensiones, Diego Valero, coincide con el BID y plantea que en países como República Dominicana, liberar parte de los ahorros de los cotizantes, produciría un efecto bumerang.
Al citar la nota del BID, explica que “en algún país se han producido ciertas relajaciones en cuanto a las posibilidades de liquidez, pero en todo caso esas posibilidades son sólo para los planes de pensión voluntarios complementarios, pero nunca para los sistemas de pensiones básicos para la población, como el que existe en República Dominicana y en gran parte de los países de América Latina y el Caribe”.
Agrega que, como bien detalla el Banco Interamericano de Desarrollo, y como han planteado amplios sectores de la sociedad, es el Estado quien debe buscar los mecanismos que permitan a los trabajadores enfrentar la crisis generada por la pabdemia del COVID-19.
“Son los estados los que tienen mecanismos a través de las políticas fiscales y monetarias sobrados, para poder hacer frente a esta crisis y no debe ser un coste que asuman los trabajadores”, aseguró Valero, quien presidió durante una década la Organización de Consultores de Pensiones de España (OCOPEN).
El estudio del BID precisa, además, que con la entrega del 30% de los ahorros de las AFPs, probablemente una gran mayoría de ciudadanos retiraría ese dinero para convertirlo en activos líquidos, incluso aunque dicho gasto no suponga una necesidad apremiante. Este es uno de los aspectos en los cuales, concluye Valero que, con las demás advertencias del BID, si se desoyen, serían “muy perjudicial para los trabajadores y para su futuro”.
El análisis del Banco Interamericano de Desarrollo es de la autoría de los expertos Mariano Bosch, Carolina Felix, Manuel García-Huitrón, y María Teresa Silva-Porto de la División de Mercados Laborales del BID.
El debate que se lleva a cabo en el país para que se libere parte de los ahorros de las AFPs ha concitado amplio rechazo del sector empresarial, sindical, político, legisladores, economistas y otros que coinciden en lo peligroso que resultaría para la estabilidad económica y el futuro de los trabajadores, el desembolso de esos recursos, cuyo objetivo es dotar a los cotizantes de una pensión digna.
