Una investigación conjunta de The Guardian con la Corporación de Radiodifusión Pública de Dinamarca denuncia que Facebook habría etiquetado a casi 2 millones de usuarios menores de edad como interesados en juegos de azar y alcohol. Las herramientas publicitarias de la plataforma revelaron que ofreció anuncios de apuestas a 740.000 usuarios menores de 18 años y otros 940.000 menores fueron expuestos a publicidad de bebidas alcohólicas.
Estos ‘intereses’ son generados automáticamente por Facebook en función de la información recopilada sobre el usuario al rastrear su actividad en la red social. Los anunciantes pueden usarlos para dirigir su publicidad específicamente a personas que han sido etiquetadas como interesadas en un tema, pero el problema es que Facebook no desglosa las categorías de intereses por edad.
Dichos anuncios se publican automáticamente son mostrados a los usuarios en las columnas laterales y en su ‘newsfeed’. Ambas prácticas no solo eluden las propias políticas de Facebook, sino también las leyes diseñadas para proteger a los niños de anuncios no aptos para su edad.
«No permitimos anuncios en Facebook que promocionen la venta de alcohol o juegos de azar a menores y hacemos cumplir esta actividad cuando la encontramos. También trabajamos en estrecha colaboración con los reguladores para proporcionar orientación a los vendedores para ayudarlos a llegar a su público de manera efectiva y responsable», declaró la compañía al diario británico.
Cuando anuncios o contenidos inapropiados eluden los sistemas de control, Facebook depende de los usuarios para que intervengan y denuncien el contenido. Pero llegados a este punto, el material ofensivo tiene el potencial de llegar a millones de usuarios.
Restricción «discriminatoria»
El deseo de Facebook de ofrecer la mayor cantidad de información posible sobre sus clientes a los anunciantes ha generado repetidamente serios problemas por el uso dudoso o ilegal de los datos proporcionados. En marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. acusó a la compañía de permitir a los anunciantes restringir los anuncios inmobiliarios de una manera que «discrimina ilegalmente por motivos de raza, color, origen nacional, religión, estado familiar, sexo y discapacidad».
Tras la polémica, Facebook prometió que trabajaría con el organismo y los grupos de derechos civiles para mejorar sus sistemas de orientación de anuncios.
