La junta de accionistas de la multinacional española Ferrovial, dedicada a la construcción de grandes infraestructuras, ha aprobado este jueves el traslado de la sede de la compañía a los Países Bajos, dando el visto bueno a la fusión inversa por la que la empresa será absorbida por su filial neerlandesa.
La decisión, anunciada hace un mes por la compañía, ha estado envuelta en la polémica después de que distintos miembros del Gobierno de España, incluido su presidente, Pedro Sánchez, mostrasen su rechazo a la salida de la sede de la multinacional del país.
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha puesto en valor los resultados de la compañía y ha señalado que EE.UU. ha sido el principal destino de su capital, país donde se han realizado el 64 % de las inversiones de la multinacional.
Precisamente, el deseo de cotizar en las bolsas bursátiles estadounidenses es el principal motivo que desde la dirección de Ferrovial se ha trasladado para justificar el traslado de su sede, junto al aumento de la importancia de su actividad internacional, que ya representa alrededor del 90 % de su cifra de negocio.
Del Pino ha subrayado que la empresa no se marcha de España y que mantendrá su actividad en el país que la vio nacer, además, ha rechazado que haya razones fiscales detrás de la decisión afirmando que Ferrovial continuará «pagando más o menos los mismos impuestos». «Ferrovial no se marcha de España. Mantendrá su actividad, empleo, inversiones, contribución fiscal y cotización en las bolsas españolas», ha afirmado durante la junta de accionistas.
Rechazo del Gobierno y críticas de la oposición
El Gobierno de España ha mostrado públicamente su rechazo a la medida aprobada hoy por Ferrovial. Uno de los últimos en pronunciarse, este mismo jueves, ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha calificado la decisión de «extraña» toda vez que España presenta las mejores perspectivas económicas de toda la Unión Europea.
Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha manifestado sobre la posible retirada de beneficios fiscales a la compañía. «Un gobierno tiene que evaluar con muchísimo cuidado y muchísima precisión si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso para una empresa, se materializan o no», ha dicho desde Washington, donde participa en las reuniones del FMI y el Banco Mundial.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado que el Gobierno haya estado presionando para evitar la marcha de la compañía en alusiones a una carta remitida hace cuatro días a Ferrovial, con la que se quería poner de manifiesto que el principal argumento de la compañía para marcharse «no se corresponde con la legalidad vigente».
RT
