La magistrada Gladys Gutiérrez fue designada este miércoles como la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la máxima instancia del Poder Judicial en Venezuela, que hasta la fecha fue dirigido por el magistrado Maikel Moreno.
En declaraciones a la prensa, Gutiérrez dio a conocer los nombres de los magistrados que integrarán la Junta Directiva del TSJ y los que ocuparán las presidencias y vicepresidencias de las seis salas del Poder Judicial.
En ese sentido, detalló que la presidencia de la Junta Directiva del Poder Judicial estará bajo su responsabilidad, acompañada por el magistrado Edgar Gavidia como primer vicepresidente y Henry Timaure como segundo vicepresidente.
Además informó que la Sala Constitucional también será presidida por ella y allí la vicepresidencia será ejercida por la magistrada Lourdes Suárez. En cuanto a la Sala Político Administrativa, señaló que estará a cargo del magistrado Malaquías Gil como presidente, y como vicepresidenta, Bárbara César.
Para la Sala Electoral, indicó, fueron designadas en la presidencia Caryslia Rodríguez, y en la vicepresidencia, Fanny Márquez; mientras que la Sala de Casación Civil será presidida por Henry Timaure y tendrá en la vicepresidencia a José Luis Gutiérrez.
En la Sala de Casación Penal fueron nombradas Elsa Gómez como presidenta y Carmen Castro como vicepresidenta; mientras que en la de Casación Social fueron designados Edgar Gavidia para la presidencia y Carlos Castillo en la vicepresidencia.
«Tenemos ingentes retos»
La titular del TSJ señaló que la nueva responsabilidad que asume junto a los demás magistrados, tiene grandes retos por delante.
«Tenemos ingentes retos, pero los abordaremos con determinación. La tarea encomendada constitucionalmente no se agota solo en lo jurisdiccional, también tenemos funciones de Gobierno, de dirección y administración del Poder Judicial», señaló.
Gutiérrez agregó que los nuevos magistrados están «comprometidos a ser muy exigentes» con ellos mismos, e indicó que como propósito de gestión tienen la tarea de «renovar las estructuras y los procesos» judiciales, «elevar los niveles de eficacia y eficiencia» y «garantizar una tutela judicial efectiva».
