El gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto ejecutó una operación masiva para desbloquear 722 cuentas bancarias de narcotraficantes y redes de lavado de dinero un mes antes de las elecciones presidenciales.
La operación se realizó el 4 de junio de 2018, mediante una orden electrónica que desbloqueó 1.100 millones de pesos y 18 millones de dólares (es decir, un total de 66 millones de dólares) de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco.
Así lo revela una investigación publicada en Aristegui Noticias, en la que se documenta que cientos de empresas factureras dedicadas al lavado de dinero y la evasión fiscal también se encuentran entre las beneficiadas. Este desbloqueo fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al frente en ese momento de Orlando Suárez López y Alberto Bazbaz Sacal, un cercano colaborador del expresidente Peña Nieto.
Actualmente, según el citado medio, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública ya procesan la denuncia, presentada en junio de 2019 en contra de los funcionarios tras haber realizado actos presuntamente ilegales que «concluyeron en la eliminación masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas», ya que se «autorizó la disposición inmediata de recursos económicos sin que previamente hubieran justificado el origen lícito de dichos recursos».
La denuncia fue interpuesta por el actual titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien ha emprendido una campaña contra el lavado de dinero dentro de la administración del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Fuente RT
