El anuncio de la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, sobre la supresión de elecciones en el país ha generado una ola de rechazos en América Latina.
Diversos gobiernos latinoamericanos han manifestado su preocupación por el futuro democrático de la nación centroamericana y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes.
Según reportes de la agencia EFE y otros medios internacionales, las reacciones provienen de países tradicionalmente críticos del régimen y de otros que históricamente han mantenido posiciones más moderadas respecto a la crisis nicaragüense.
El gobierno de Brasil fue uno de los más recientes en pronunciarse. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación ante las declaraciones de Ortega e instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho de la población a participar en comicios libres y transparentes.
“La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo”, afirmó la cancillería brasileña en un comunicado difundido por EFE. El mensaje incluyó un llamado directo a que el pueblo nicaragüense conserve el derecho a elegir a sus representantes.
Bolivia también se sumó al rechazo, mediante una nota oficial que manifestó “profunda preocupación” por la iniciativa de eliminar los procesos electorales en Nicaragua. Según la Cancillería boliviana, “el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos constituyen pilares esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la estabilidad en la región”.
El gobierno boliviano exhortó al régimen de Ortega a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano.
Las condenas de la región
República Dominicana condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recordó que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, citando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
La Cancillería dominicana calificó de inadmisible que “ningún gobierno” prive a su pueblo de la posibilidad de expresar su voluntad soberana mediante el voto y llamó a las autoridades nicaragüenses a rectificar su postura para garantizar los derechos políticos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
La reacción de Guatemala incluyó un rechazo explícito a la supresión de las elecciones y a la eliminación de la alternancia democrática. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco alertó que “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho”. Guatemala expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y exigió el restablecimiento de las garantías democráticas.
Costa Rica también reiteró su “profunda preocupación” por el cierre de espacios cívicos y la restricción de libertades fundamentales en Nicaragua. El gobierno costarricense, que no reconoció el último proceso electoral de 2021 por la falta de garantías, recordó su apoyo constante a elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en el país vecino. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense subrayó que el cierre de espacios cívicos y la persecución contra voces disidentes constituyen un retroceso democrático.
La respuesta del régimen nicaragüense
La dictadura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a países como Guatemala y Chile de injerencismo y defendió la soberanía de sus decisiones políticas e institucionales. En varios comunicados, la Cancillería nicaragüense afirmó que “las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas”.
En respuesta a las críticas internacionales, Managua adoptó un tono marcadamente confrontativo contra los gobiernos que rechazaron el anuncio de Ortega. Ante el pronunciamiento de Guatemala, la cancillería nicaragüense replicó: “Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: El respeto al derecho ajeno es la paz”.
La reacción fue similar frente a Chile. El régimen de Ortega calificó de “injerencistas” los comentarios de la Cancillería chilena y consideró que se trataba de una intromisión en procesos políticos, jurídicos e institucionales “soberanos y dignos”. “Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
Frente a la nota oficial de Bolivia, que expresó profunda preocupación por la eliminación de elecciones, la cancillería nicaragüense declaró: “Ratificamos que las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas. Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”.
Las críticas de organismos y de Estados Unidos
A las críticas latinoamericanas se sumaron también pronunciamientos de organismos internacionales y de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”.
Infobae
