La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi, Javiera Antonia Gómez, impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los 16 implicados en tráfico ilícito de inmigrantes en la Operación Frontera.
La medida de coerción le fue impuesta a los imputados Eddy Rafael Cordero Villanueva (a) Nelson y a Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes han sido identificados como cabecillas de esta red de tráfico de migrantes desde Haití.
También a Elbio José Castillo Martínez (a) Soco, Hilario Antonio Gómez Paúl, Santo Valerio Contreras (a) Santico, Rafael Zabala Peña, Sandro Liranzo Javier, José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero, Rafael Contreras Arno, Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Jesús María Cerda Acosta (Moreno), Aquilino Sosa Fernández, y María Rafaela Batista de Cordero, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y a Edna Joseph (a) Eva.
La jueza ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios contra todos los imputados de la red criminal dedicada al tráfico de inmigrantes haitianos y declaró el proceso de tramitación compleja, tras acoger de manera completa la solicitud del Ministerio Público, que estuvo representado por los fiscales Grimaldy Oviedo Merán, Hensey Crucey y Johanny Herrera.
La operación fue coordinada por la titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, junto a la fiscal titular de esta jurisdicción, Grimaldi Oviedo Merán, y la también fiscal Yohanny Herrera y la licenciada Giselle González, en la que se recibió apoyo del Comandante General del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre.
En la solicitud de la medida de coerción depositada ante el tribunal el Ministerio Público había pedido la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso en contra de los 16 imputados por la violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.
De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.
Se recuerda que en los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
La desarticulación de la organización criminal fue posible por la ardua labor de inteligencia e investigación desarrollada en coordinación con los diferentes organismos bajo la dirección de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Montecristi, conjuntamente con la División Especial de Crímenes Transnacionales (Deidet), el apoyo en la ejecución de la operación del Departamento de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional y la ONG Anti Tráfic Beauro Antitrafficking Bureau (ATB).
