El expresidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, se juega este miércoles su futuro político en la Asamblea Nacional, donde los legisladores retoman el juicio por corrupción que él intentó evitar al declarar la ‘muerte cruzada’ y convocar elecciones anticipadas.
Si es condenado, al no poder ser destituido, el banquero que presidió el país dos años y medio quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos, después de su breve y cuestionado mandato que terminó con las elecciones ganadas por el joven empresario Daniel Noboa (quien gobernará durante solo un año y medio).
La sesión, en la que el propio Lasso podría defenderse, arranca por la tarde. Primero deben intervenir los parlamentarios que no pudieron hacerlo en mayo, cuando Lasso disolvió la Asamblea para evitar su juicio y eventual destitución.
El juicio, que indaga la existencia de irregularidades en la concesión de cargos y contratos con empresas, fue impulsado por el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC).
En concreto, se le acusa de «peculado» o malversación de fondos públicos por inhibirse pese a tener conocimiento de supuestas irregularidades en unos contratos firmados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker.
«Incuestionable inocencia»
Lasso, de 68 años, no se ha pronunciado desde que el lunes los legisladores decidieron retomar el juicio, pero siempre ha declarado su «incuestionable inocencia» y entre otras cosas sostiene que esos contratos fueron firmados bajo la administración de su antecesor, Lenín Moreno.
Varios colaboradores del exmandatario conservador tildaron el juicio de «ilegal e improcedente», pues Lasso ya no es presidente y la Asamblea de entonces fue disuelta con la muerte cruzada, y señalaron que es una «acción arbitraria que violenta en todo sentido el marco jurídico» del país.
