La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, quien se autoproclamó mandataria tras el derrocamiento de Evo Morales, declaró este viernes en el juicio conocido como ‘Golpe de Estado II’ y rechazó las acusaciones en su contra.
La política, quien está en prisión preventiva hace más de un año, negó haber participado de un plan para destituir a Morales: «Fui bastante clara desde el principio, cuando manifesté públicamente que me correspondía [la Presidencia] por sucesión constitucional, pero que no me iba a imponer. Si había otras opciones, yo estaba para aportar a la pacificación del país», dijo.
Al momento de encontrarse vacante el puesto de presidente, luego de que las Fuerzas Armadas pidieran públicamente la dimisión del jefe de Estado, a Áñez no le correspondía la sucesión por línea de mando en el Senado y tampoco obtuvo el quórum del Poder Legislativo para investirse, pese a ser un requisito excluyente. Igualmente, se produjo su asunción presidencial, habiendo obtenido un polémico aval del Tribunal Constitucional.
Para el actual Gobierno de Luis Arce, todo fue parte de una conspiración para quitar al Movimiento al Socialismo (MAS) del poder. Por su parte, la acusada desmiente esta versión: «Lo que se quería era pacificar el país por tantos hechos de violencia, donde ya había muertos», sostuvo. Con ello, se refería a los disturbios ocasionados tras el cuarto triunfo consecutivo de Morales en las elecciones presidenciales.
«No tenía contactos con militares»
Sobre el golpe, sostuvo: «No tenía ni voz ni voto en mi partido, mucho menos voy a tener teléfonos, contactos con militares. No pueden decir que fue orquestado«. Para Añez, la salida de Morales fue «una consecuencia de la convulsión», sin estar planificada. No obstante, el actual presidente, Luis Arce, sostiene que la administración de Áñez «fue una dictadura».
Sobre su interinato, Áñez remarcó que había asumido el cargo «por responsabilidad», destacando que el objetivo era conducir un Gobierno de transición de tres meses, pero alegó que el escenario convulsionado de Bolivia motivó que el plazo se extendiera. En el medio, ocurrieron las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre del 2019, cuando murieron 22 personas por operativos militares para disolver las protestas sociales.
Sobre su gestión al frente de Bolivia, manifestó: «No lo hice sola, lo hice con todas las instituciones y las organizaciones sociales. Pacificamos al país, llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional».
Por último, remarcó: «Este es un juicio político y yo soy una presa política. Yo no reconozco a este tribunal, yo no reconozco la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente. Y como exsenadora y expresidenta, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades». Además, aseguró que no se consideran los recursos presentados por la defensa. «Por eso, este es un proceso eminentemente político donde yo estoy en absoluta indefensión», concluyó.
El jueves, durante la primera audiencia virtual, la Fiscalía de Bolivia y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, solicitaron la pena máxima de 14 años de prisión: «Áñez interpretó a su gusto la Constitución, y vulneró flagrantemente el reglamento de la Cámara de Senadores», sostuvieron.
