Por Ernesto Rodriguez.- La delincuencia se enfrenta primero con autoridad, pero se derrota a largo plazo con políticas de Estado. Una sociedad seria debe respaldar a sus agentes cuando enfrentan al crimen y, al mismo tiempo, exigir que el Estado tenga un plan para que las nuevas generaciones no terminen ocupando el lugar de quienes fueron sacados de las calles.
La República Dominicana necesita firmeza para enfrentar al delincuente y estrategia para impedir que la delincuencia se reproduzca.
La tasa de homicidios pasó de 13.20 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 11.49 en 2023, 9.65 en 2024 y 8.74 en 2025; al 25 de septiembre de 2026 estaba en 7.36. Esto se logró con manos firmes no con simples diálogos metódicos.
La realidad es que la Policía Nacional necesita tener autoridad para enfrentar el delito y, en los casos de enfrentamientos, actuar conforme a los protocolos y las leyes. Hoy existe además un cansancio evidente de una parte importante de la ciudadanía frente al auge de la delincuencia y una demanda cada vez mayor de respuestas firmes de las autoridades.
Se necesita utilizar inteligencia, tecnología y una policía profesional, pero también el trabajo de las iglesias, las juntas de vecinos, las familias, las universidades y el sector privado.
Se necesita utilizar inteligencia, tecnología y una policía profesional, pero también se requiere el trabajo de las iglesias, juntas de vecinos, las familias, las universidades y el sector privado.
Pero la pregunta importante no debe terminar en cuántos delincuentes fueron abatidos o detenidos.
La verdadera pregunta es: ¿qué hacemos después?
Porque sacar de las calles a integrantes de una estructura criminal puede ser necesario, pero si detrás de ellos queda un barrio sin oportunidades, jóvenes sin empleo, deserción escolar, consumo de drogas, familias desintegradas y territorios abandonados, aparecerán otros para ocupar ese espacio.
Por eso la República Dominicana necesita discutir seriamente un plan integral contra la delincuencia, que vaya mucho más allá de las operaciones policiales.
Un plan que involucre a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Educación, Ministerio de Interior y Policía, gobiernos municipales, iglesias, organizaciones comunitarias, sector privado y universidades.
La seguridad no puede ser solamente responsabilidad de los policías.
La delincuencia genera miedo, pérdida de confianza, restricciones a la movilidad, afectación económica y deterioro de la convivencia. La Oficina Nacional de Estadística ha señalado que la seguridad ciudadana no consiste únicamente en reducir delitos, sino también en proteger la convivencia y mejorar la calidad de vida de la población.
El Salvador es un ejemplo que merece ser estudiado, con sus resultados y también con sus controversias. El país combinó el Plan Control Territorial con operaciones policiales y militares, régimen de excepción, reformas legales y una acción coordinada entre distintas instituciones del Estado. El Gobierno salvadoreño reportó una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2024 y de 1.3 en 2025, cuando registró 82 homicidios. Las autoridades atribuyen estos resultados a una estrategia integral de seguridad.
Ese modelo también demuestra algo importante: la ofensiva contra las estructuras criminales tiene que estar acompañada de capacidad institucional y control territorial. No basta con detener a los delincuentes; hay que impedir que las organizaciones vuelvan a controlar las comunidades.
Y está el caso de Medellín, Colombia, que durante años ha desarrollado una política de seguridad y convivencia que combina fuerza pública, investigación criminal, tecnología, prevención, inversión social y recuperación de territorios.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027 de Medellín plantea precisamente una intervención articulada, focalizada y flexible, porque las autoridades reconocen que las causas de la violencia son complejas y requieren respuestas desde diferentes áreas.
Estos ejemplos dejan una enseñanza que República Dominicana debería tomar en cuenta:
Es cierto que el Estado debe crear las condiciones para evitar que ese joven llegue al punto de convertirse en delincuente, pero la sociedad también debe aportar su granito de arena en las comunidades donde esas estructuras intentan reclutar.
Y aquí es donde debemos superar la doble moral.
No podemos indignarnos solamente cuando muere un presunto delincuente y olvidarnos de las familias que viven encerradas por miedo, de los comerciantes que son extorsionados, de las personas asaltadas, de los jóvenes que son víctimas de las drogas y de quienes han perdido la vida por culpa de la criminalidad.
Pero tampoco podemos creer que cada operativo policial resuelve el problema.
Porque si después de cada operativo dejamos intactas las condiciones que alimentan el crimen, solamente estaremos cambiando los nombres de los delincuentes.
La seguridad ciudadana no se construye escogiendo entre Policía y prevención, se construye con ambas.
Perseguir al que delinque. Proteger al ciudadano. Recuperar los territorios. Educar. Crear oportunidades. Fortalecer la justicia. Y convertir la seguridad en una política de Estado, no en una respuesta momentánea a cada crisis.
Ahí está el verdadero desafío.
