Los 222 expulsados fueron despojados de su nacionalidad por órdenes de Daniel Ortega, lo que fue repudiado por múltiples organismos de derechos humanos
INFOBAE.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó este jueves la excarcelación de los 222 presos políticos de Nicaragua como “una gran noticia” pero, paralelamente, exigió al régimen de Daniel Ortega que les restituya los derechos.
“Los deportados” quedan “inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública […], así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, pronunció más temprano el magistrado del país latinoamericano ante lo que la OEA no tardó en emitir un comunicado firmado por su secretario general, Luis Almagro, en el que se criticó que se los haya despojado de su nacionalidad nicaragüense.
Si bien el artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad” y que “la calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”, este jueves se inició una reforma que, casualmente, busca cambiar esto y legalizar el despojo de la nacionalidad a los ciudadanos considerados “traidores a la patria”, en su artículo 21.
El juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, fue el encargado de comunicar la liberación y expulsión de los presos
La OEA condenó también el tiempo que injustamente pasaron tras las rejas estos opositores. “Los crímenes cometidos contra estas personas no deben quedar impunes y sus derechos deben ser restituidos a la mayor brevedad posible”, se lee en el escrito que menciona, a su vez, que los arrestados habían sido condenados en “juicios sin ninguna garantía por supuesta traición a la patria”.
“Fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense y de todos sus derechos ciudadanos”, por lo que no se puede considerar ésta una “liberación” plena, agregaron.
Por otro lado, el organismo mencionó que “aún queda mucho camino por recorrer” en el país ya que “sigue habiendo personas encarceladas y torturadas por pensar distinto” al régimen nicaragüense de Ortega-Murillo.
Paralelamente, la OEA agradeció el rol de Estados Unidos en esta operación, que fue el encargado de tralsadar de manera segura a los 222 presos fuera del país y de acogerlos en un primer momento. En ese sentido, destacó que el gobierno de Joe Biden es “un ejemplo de trabajo político efectivo en favor de los derechos humanos”.
Almagro agradeció el accionar de EEUU y destacó el rol de Joe Biden en la lucha por los derechos humanos (REUTERS)
“La libertad de estos presos políticos es también una demostración de que la presión internacional es imprescindible con las dictaduras”, comentó al respecto.
Si bien ha trascendido poco sobre cómo se gestó la acción de este jueves -inlcuso, ni los propios liberados están al tanto- desde Washington sostienen que la excarcelación y expulsión de estas más de 200 personas fue una “decisión unilateral” del régimen de Nicaragua que no fue reconocida por la Casa Blanca. Sin embargo, ante el avance de la decisión, Estados Unidos sí accedió a acogerlos.
Además, según declaraciones realizadas por Juan Sebastián Chamorroal llegar al hotel donde se estará hospedando los próximos días, las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua se aseguraron de que “cada uno de ellos (los pasajeros) deseaba viajar” al país. Para ello se les solicitó que firmaran un documento en el que accedían a ello y a todo lo que implica.
Chamorro rompió el silencio al llegar a EEUU y se mostró aliviado de estar en libertad (REUTERS)
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reaccionó de manera muy similar a la OEA, festejando -en un primer momento- la liberación pero condenando -a la par- el abuso legal que se ha llevado a cabo.
“Advertimos que la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país, están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos”, expresó en un comunicado.
