«Ladrón cogido será quemado», es la advertencia que se lee en un cartel apostado en el barrio Mulauco, en la parroquia Pifo del Distrito Metropolitano de Quito, en Ecuador.
Los vecinos se han organizado para hacer frente a la creciente inseguridad en el país, que no ha podido ser frenada por la fuerza pública, ni siquiera con los reiterados estados de excepción decretados por el presidente Guillermo Lasso.
El aviso no solo está solo allí, también se puede leer en otros sectores de la capital ecuatoriana, como en Gualo, en la parroquia de Llano Chico, al norte de Quito, donde la advertencia fue puesta sobre un local en la entrada del sector. «Barrio organizado. Advertencia: ladrón cogido será quemado».
«Antes en los carteles se le decía a los delincuentes que serían ajusticiados, ahora se les dice cómo, se les dice que serán quemados», señala Rosa López, quien tiene un local comercial en el sector y aclara que por ahora, afortunadamente, no se ha efectuado ningún linchamiento de ese tipo.
López está consciente que esta es una manera de tomar justicia por mano propia, una cuestión que transgrede de manera flagrante la legislación del país. No obstante, la justifica: «Si no nos protegemos entre nosotros, nadie nos va a proteger. Cada día está peor la delincuencia».
A la par de hacer las advertencias a los delincuentes, los moradores continúan pidiendo más control policial. A principios de agosto, vecinos de Llano Chico marcharon en la parroquia para reclamar mayor presencia de los uniformados, después de que un grupo de jóvenes fuese asaltado a escasos metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).
Organización
La advertencia va de la mano de la organización en los barrios. En muchos sectores se han creado chats grupales en aplicaciones como WhatsApp, se han instalado cámaras de videovigilancia, botones de seguridad –previa solicitud a la Policía Nacional–, alarmas e, incluso, conjuntos habitacionales han planificado aumentar el tamaño de los muros.
Por ejemplo, en un grupo de WhatsApp de vecinos de uno de los barrios de Llano Chico se pueden leer alertas enviadas por sus integrantes: «Vecinos, por favor tener mucho cuidado, en el parque central encontraron a tres personas sospechosas con arma blanca» o «acaban de robar a una señora en el sector, es una moto negra con dos ocupantes, llevan puestos cascos rojos».
«Cuando hay un aviso, por cualquier método, hay que salir con palos o cualquier cosa. La idea es agarrar y linchar al delincuente», comenta Luis Zambrano, de la comuna de Llano Grande, en la parroquia de Calderón.
Los vecinos tratan de evitar grabar o tomar fotografías a las personas que están tomando la justicia por mano propia, para librarse de represalias o cualquier proceso en su contra, y algunos suelen taparse el rostro durante el linchamiento. No obstante, sí suelen exhibir al ladrón.
«Además de protegernos, esto se hace para mandarle un mensaje a otros delincuentes: que se la piensen dos veces antes de venir a aquí, que se van a encontrar con gente dispuesta a defenderse», menciona Zambrano.
En marzo pasado, relata, un hombre fue capturado por los moradores del sector cuando intentó robar un vehículo; otro de los delincuentes escapó. Al que lograron agarrar le dieron una paliza, luego la Policía intervino y se lo llevó.
A principios de junio, por su parte, en un barrio del sector Carapungo, también en la parroquia de Calderón, sí cumplieron con la advertencia. Un presunto delincuente que había atacado a una mujer en la zona fue atrapado por los moradores, quienes lo golpearon y le prendieron fuego. La Policía llegó, evitó la muerte del hombre y lo trasladó a un hospital.
«El problema es que luego los sueltan rápido, el mismo día o dos días después, y no hay justicia, y los ladrones vuelven a las calles», se queja Zambrano.
Propuestas de candidatos
Este es apenas un panorama de la crítica situación de inseguridad por la que atraviesa Ecuador, que en 2022 vivió su año más violento, con 4.823 homicidios intencionales en los 12 meses, y este año se perfila aún peor.
Bajo este ambiente, la población acudió a las urnas el pasado domingo para elegir al nuevo presidente, conmocionados aún por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto.
Tras la jornada del domingo, pasaron a balotaje –que se celebrará el próximo 15 de octubre– Luisa González, del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), que está integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, de Arturo Moreno, primo del exmandatario Lenín Moreno) y Mover, lo que antes era Alianza PAIS. Ambos se han comprometido a hacer frente a la inseguridad.
En sus planes de trabajo, entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de sus candidaturas, han plasmado las acciones que ejecutarían en la materia en caso de llegar a la Presidencia.
En el plan de trabajo de González se indica que la seguridad será un «aspecto crucial que debe ser abordado de manera urgente e integral» para asegurar la paz en el país suramericano. La candidata implementar políticas que, por un lado, aborden las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades y, por otro, actúen con contundencia y pleno respeto de los derechos humanos frente a la violencia en las calles.
Ofrece restituir los ministerios Coordinador de Seguridad y de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; reestructurar las carteras del Interior y de Gobierno; depurar las fuerzas de seguridad; establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica; retomar el control estatal sobre las cárceles y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas; mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito; reinstitucionalizar el país mediante un proceso constituyente participativo; desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología; fortalecer el ECU911; actualizar salarios de la Policía; reducir la impunidad, proteger a las víctimas, y más.
Por su parte, Noboa señala en su plan de trabajo que aunque la crisis de inseguridad en Ecuador «parece multifacética y desalentadora», existe «un abanico de posibilidades para prevenir y reducir la violencia», con un compromiso colectivo y gubernamental.
El candidato promete un «Programa de Desarrollo Socioeconómico Inclusivo», que estará enfocado en la creación de oportunidades de empleo, mejora de la calidad de la educación y el acceso a servicios básicos.
Noboa también plantea una reforma del sistema judicial y policial, medidas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, fomentar la creación de programas de vigilancia comunitaria y la denuncia ciudadana, así como implementar medidas de seguridad basadas en el diseño urbano. En lo que se refiere a la crisis penitenciaria, planea afrontarla con inversión en infraestructura, el fortalecimiento de programas de reinserción y mejorando la formación y capacitación del personal.
