El lunes en la noche el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medidas de coerción en contra de los implicados en operación Calamar.
De acuerdo al expediente instrumentado por el órgano persecutor, las principales artimañas que cometían los encartados utilizaron importantes instituciones del Estado como: el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, la Dirección General de Catastro Nacional, la Dirección General de Presupuesto y el Banco de Reservas como espacios operativos de la estructura criminal creada con el objetivo de estafar, desfalcar al Estado dominicano y tenerlo como un rehén de la corrupción.
Asimismo, aprovechaban los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales al estafar y desfalcar al Estado dominicano.
El expediente también detalla que falsearon documentos públicos, como actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos, a los que afectaron sus derechos fundamentales.
Obtenían los pagos sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pago.
Emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada.
Realizaron la generalidad de los pagos en plena restricción de labores, en ocasión de la pandemia del SARS COVID-19.
Fomentaron la instalación de máquinas tragamonedas en los calmados, a sabiendas de su ilicitud y el daño que causa, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes de sectores humildes, todo a cambio de obtener una mensualidad que era cobrada al estilo de la mafia. Durante el período transcurrido que duró la estructura la instalación de máquinas tragamonedas creció de manera exponencial especial.
Será a las 4:00 de la tarde de este martes cuando la Oficina de Servicios de Atención del Distrito Nacional conozca la solicitud de medidas de coerción en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el excandidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo.
