La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó nuevamente al Estado peruano a abstenerse de implementar la orden de liberación en favor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En una resolución, el máximo tribunal de derechos humanos del continente americano, requirió a Lima que «se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori«, hasta tanto esa instancia no compruebe si el dictamen «cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte de 7 de abril de 2022″.
Según se lee en el texto, el fundamento de su solicitud radica en el cumplimiento de las garantías de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Del mismo modo, la Corte IDH instruyó a su Secretaría a notificar oficialmente tanto al Estado peruano como a los representantes legales de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Liberación polémica
Este martes, tres magistrados del Tribunal Constitucional peruano ordenaron al Instituto Nacional de Prisiones y a las autoridades del penal de Barbadillo, donde permanece recluido el exmandatario, proceder a su liberación inmediata.
El fallo, según explicaron, se apoyó en la avanzada edad de Fujimori y en su precario estado de salud.
Empero, el dictamen causó malestar porque en 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en razón de su responsabilidad en masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde personas fueron asesinadas por escuadrones de la muerte que actuaban con su conocimiento.
Tras difundirse la noticia de su inminente liberación, activistas, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y particulares emplearon las redes sociales para convocar a protestas de repudio en el centro de la capital.
Mientras, las autoridades penitenciarias de la nación suramericana comunicaron este miércoles que la orden del Constitucional peruano no se ejecutaría de inmediato por un error administrativo del tribunal, aunque advirtieron que no creen que el procedimiento «demore mucho».
