Cinco veces las reservas internacionales de Ecuador. Ese fue el monto de ayuda internacional que se estima que recibió Haití en 2010, luego del devastador terremoto que asoló la isla.
Pero, ¿cómo es posible que después de haber recibido unos 13.000 millones de dólares, la situación en el país antillano sea comparada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con Sudán del Sur y la República Centroafricana? La respuesta parece residir en el irregular manejo de esos fondos por parte de las oenegés, la corrupción institucional y la línea asistencialista de esas ayudas, que no han permitido el desarrollo del país más pobre de América Latina.
El fin de semana, un nuevo sismo se sintió en Haití, pero no ha sido el único. El país se mantiene bajo los escombros de una interminable crisis política, institucional, social y humanitaria, que se agravó con el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. En ese contexto, cabe preguntarse qué tan eficiente puede ser el nuevo llamado a enviar ayuda humanitaria por parte de la comunidad internacional, en una nación que ha demostrado, hasta la saciedad, el fracaso de esa política ante la catástrofe.
La ayuda que no llegó
Analistas internacionales han acuñado el término «Estado de ayuda» para Haití, tomando en cuenta que el país tiene la mayor cantidad de oenegés por habitante en el mundo. Según algunas estimaciones, se dice que hay unas 10.000 en un país de 11 millones de habitantes.
La cifra, sin embargo, no se ha traducido necesariamente en mayores ayudas. La misma población haitiana tiene más de una década denunciando que la asistencia que reciben de esas organizaciones no contribuye al desarrollo de las comunidades sino que, por el contrario, alimenta el ciclo de la dependencia.
El argumento de las oenegés para defender su manejo discrecional de los fondos es que el Gobierno es corrupto, lo cual no deja de ser cierto si se toman en cuenta los índices que miden la corrupción en el país y las protestas que, en su momento, se produjeron en contra del desvío de recursos por parte de las administraciones de Michell Martelly o el asesinado Moïse.
No obstante, la falta de transparencia del Gobierno que denuncian las oenegés es la misma que esas organizaciones aplican para no rendir cuentas de los sustanciosos recursos que han recibido, y que casi igualan el Producto Interno Bruto (PIB) de Haití.
Los ejemplos de cómo esas organizaciones han malversado los recursos a lo largo de una década sobra. Basta nombrar, por ejemplo, el escándalo por los 500 millones de dólares que la Cruz Roja administró para construir casas en Haití, de las cuales solo edificó 6, o el juicio en España contra el exconseller de Cooperación Rafael Blasco por el desvío de 4 millones de euros de fondos públicos para proyectos de oenegés, entre ellos, la construcción de un hospital en el país caribeño.
Las marcas de la invasión
Pero más allá del tema económico, la presencia de las organizaciones internacionales en territorio haitiano también ha tenido consecuencias terribles para la propia población.
Después del sismo de 2010, por ejemplo, un informe reveló que miembros de la misión de los cascos azules abusaron de mujeres y niñas durante su estancia en el país, lo que ocasionó más de 356 nacimientos de niños en situación de mayor vulnerabilidad. Los efectivos implicados en los casos no fueron castigados sino enviados a sus países de origen, sin rendir cuenta alguna ante las autoridades haitianas.
Un documento de la ONU también reconoció que la negligencia de su personal en Haití produjo el primer gran brote de cólera tras el sismo de 2010, que dejó 9.145 muertos y que, años más tarde, produjo otro repunte de casos que ocasionó 18 % más de víctimas fatales.
Lo más controvertido es que los cascos azules estaban en Haití desde 2004, cuando EE.UU. desplegó una intervención militar en la isla después de propiciar el golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide, que había sido electo dos años antes con el 91,69 % de los votos. El argumento de Washington para meter a sus soldados era la supuesta garantía de estabilidad democrática.
Los años siguientes, no obstante, demostraron que la presencia estadounidense tuvo nulo efecto en la estabilidad de Haití.
La trampa de las ‘ayudas’
Sobre Haití hay un punto en común y es que la mayor parte de los recursos que llegan tienen cuatro destinatarios directos: las cúpulas políticas, las élites empresariales, las ONG y las organizaciones internacionales que están asentadas en ese territorio.
El grueso de la población, mientras tanto, sigue sumida en la absoluta pauperización. De hecho, el 80 % de los haitianos es pobre y la mitad de ellos padece «hambre pura», según reconoció recientemente el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá y Costa Rica, Adoniram Sanches.
La crisis alimentaria se ha agudizado aún más debido a la pandemia de covid-19 y el pronóstico en medio de la inestabilidad política tras el magnicidio de Moïse no es más alentador. Los informes de la Oxfam dan cuenta de lo evidente: que Haití está en una crisis de pobreza, alimentada por la desigualdad.
Según esa organización (cuyos altos cargos en Haití también estuvieron implicados en un escándalo por abusos sexuales a mujeres y violación a menores de edad), «desde la independencia en 1804, el Estado haitiano ha mantenido los privilegios de una pequeña élite a expensas de la mayoría».
Pero el poder económico de las ONG tampoco ayuda. Su presencia y manejo discrecional en el país ha contribuido aún más al debilitamiento institucional de Haití y a ahondar la sensación de un Estado frágil que no es capaz de llevar las riendas de su propio destino, una imagen que ha sido alentada –desde hace más de dos siglos– por las potencias colonialistas contra la primera república negra e independiente de América Latina.
El intervencionismo de EE.UU.
Basta un repaso por los dos siglos de historia de Haití para entender cómo las potencias occidentales han sido directamente responsables de la pobreza, el atraso y las dificultades que aún hoy sufre ese país.
Desde el abusivo monto que Francia le hizo pagar a Haití por haber obtenido su independencia, hasta la forma en que países como EE.UU. y Alemania hicieron préstamos impagables a la nación para que le resultara imposible zafarse de sus acreedores, la presión económica ha sido la espada usada contra una nación que hace más de dos siglos tuvo la ‘osadía’ de emanciparse.
En la actualidad, el mecanismo persiste aunque con estrategias menos evidentes. En 1995, Washington obligó a Haití a eliminar aranceles a varios productos alimenticios, lo que no solo inundó el mercado haitiano de rubros estadounidenses, sino que llevó a la quiebra a los productores de arroz del país caribeño, que anteriormente abastecían la demanda interna.
La estrategia del arroz tuvo como protagonista a Bill Clinton, el expresidente estadounidense que estuvo también implicado con la administración de fondos para la isla incluso después del terremoto de 2010, cuando se desempeñó como copresidente de la llamada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH).
Gracias a la CIRH, Clinton dio el impulso a dos grandes proyectos, que serían ejecutados por empresas estadounidenses: un hotel de lujo, cuyo dueño es cercano al entorno del expresidente, y el parque industrial Caracol, que fue abandonado años más tarde por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tras reconocer que la agencia no tenía la experticia para llevar a cabo la construcción, no había factibilidad técnica y tampoco generaría los empleos que se habían prometido. En esa obra fallida se ‘perdieron’ al menos 70 millones de dólares.
Este tipo de ‘negocios’ en la reconstrucción de la isla provocaron que más del 80 % de los recursos que se destinaron al país (solo de 2010 a 2012) abultaran las cuentas de organizaciones no haitianas; y apenas 8,5 % cayera en las arcas del Gobierno. De ese monto, menos del 1 % fue administrado por actores haitianos, según datos de la Oficina del Enviado Especial para Haití.
Cifras recientes de la USAID, reveladas por The Guardian, dan cuenta de que la realidad se mantiene: de los 2.300 millones que se tenían previstos para ayudar a Haití hasta 2019, más de la mitad acabó de vuelta en EE.UU. Es más, un informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR) asevera que solo 0,6 % de los fondos se destinaron a organizaciones haitianas y 0,9 % finalmente se entregó al Gobierno.
¿Y ahora qué?
El reciente sismo en Haití, que ya ha dejado más de un millar de muertes, se produce en condiciones aún peores a las de 2010, al menos en términos políticos, sociales y económicos.
El magnicidio de Moïse, la pandemia de covid-19, la crisis alimentaria y la casi inexistente economía, que depende cada vez más de importaciones por el escaso desarrollo de las actividades locales (y que tanto prometieron promover las inversiones y ayudas), dejan a la nación en una situación de mayor vulnerabilidad y a la espera de más asistencia.
Esta semana, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, ha prometido celeridad para atender a la ciudadanía. La comunidad internacional se ha comprometido a enviar más ayuda humanitaria y EE.UU. ha dicho que ofrecerá «una respuesta inmediata» a la situación en Haití. Su estrategia no tiene nada de novedosa, ya que la administración de Joe Biden envió a Samantha Power, administradora de la USAID, como funcionaria para «coordinar los esfuerzos».
«A través de USAID, estamos apoyando los esfuerzos para evaluar los daños y ayudar en la tarea de recuperar a los heridos y los que ahora deben reconstruir. EE.UU. sigue siendo un amigo cercano y duradero del pueblo de Haití, y estaremos allí después de esta tragedia», concluyó la Casa Blanca en un comunicado.
Hasta ahora, la certeza de que Washington permanecerá en el territorio del país caribeño está asegurada, pero el precedente de una cooperación ineficaz hace dudar de la capacidad de EE.UU. para «reconstruir» la isla. Haití, por su parte, sigue bajo los escombros de una catástrofe aún peor: el expolio.
