El Ministerio Público continuó ayer lunes con la presentación de las pruebas que demuestran las acciones irregulares cometidas por Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, durante la audiencia preliminar del Caso Antipulpo, que conoce el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó que el Ministerio Público continúa avanzando con la presentación de las pruebas.
“Hemos avanzado hasta 1,200 de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, pruebas que demuestran todas las transacciones, tanto de lavado de activos como las transacciones de las contrataciones irregulares de Alexis Medina y sus empresas en todas las instituciones públicas”, detalló.
Asimismo, dijo que abordaron todas las contrataciones irregulares e ilegales que tuvieron en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y los informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que dijo están contenidas en esas 1,200 pruebas y que reflejan las irregularidades encontradas.
Explicó que el Fonper estaba vinculado con Suim Suplidores, General Supply, Wattmax y Dominical, varias de las empresas vinculadas a Alexis Medina. “Todas concursando de manera irregular en el Fonper, ganando las licitaciones de forma irregular, ya que eran ellas las únicas empresas que participaban en las comparaciones de precios y evidentemente que ganaban esas contrataciones”, explicó.
Ortiz agregó que esos procesos eran convocados de manera directa por instrucciones de Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper. “Esas empresas, solo ellas presentaban cotizaciones y solo ellas evidentemente ganaban las contrataciones”, subrayó.
Mirna Ortiz emitió sus declaraciones al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
La lectura de la acusación fue dividida en 10 tomos. Hoy se avanzó hasta el número 6, incluyendo hasta la página 2,258 de unas 3,445 que contiene el expediente.
El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de la Pepca, la procuradora de corte Ortiz y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de concluida la agenda del día, aplazó la continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes 11 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público acusa por el caso de corrupción administrativa a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Respecto a Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Refiere que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada, conjuntamente con sus prestanombres y testaferros, sobornando, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legitimidad a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
