El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró la noche de este lunes que durante el conocimiento de la medida de coerción al general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), vinculado a actos de corrupción en el Caso Goral 5G, fueron presentadas pruebas más que suficientes para su envío a prisión como solicitó el Ministerio Público.
“Uno de los elementos que toma en cuenta el legislador en el Código Procesal Penal es el propio comportamiento del imputado en el proceso; y no ha habido un comportamiento que demuestra mayor interés en no querer que se conozca el proceso, que el del imputado Viola”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Al hacer la afirmación, destacó “que el encartado presentó dos hábeas corpus y tres recusaciones, y que en el día de hoy se presentó la tercera recusación, fueron al Tribunal Constitucional, pusieron una querella en contra de una jueza y desplegaron una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara de Cuentas”.
Camacho señaló que ese comportamiento deja muy claro el interés del imputado en evitar que se conozca su proceso. “A esto se suma la gravedad de los hechos que se le imputan, como desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, que junto al daño que debe ser resarcido y las pruebas que presentó el Ministerio Público en este proceso, en derecho, lo que procede es que se imponga como medida de coerción la que hemos solicitado, que es prisión preventiva”, refirió.
Recordó que el proceso tiene más de 15,000 pruebas en sentido general y destacó que este lunes se presentaron las pruebas que correspondían exclusivamente al imputado De los Santos Viola, que dijo son más que suficientes para que el tribunal imponga la medida de coerción que han solicitado.
“Presentamos pruebas de los bienes que tiene este imputado, bienes que no puede justificar con el salario que ha devengado en el tiempo que ha estado en los cuerpos castrenses; presentamos bienes, por ejemplo de un inmueble, que incluso, es un bien incautado que este ha usufructuado como propio y que ha pretendido apropiarse de otras pruebas que hemos presentado en su contra”, agregó.
Camacho habló sobre el proceso con periodistas que también los cuestionaron sobre planteamientos hechos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en torno a la acusación presentada en el Caso Pulpo, sobre lo cual respondió en forma enfática: “Nosotros presentamos una acusación. La presentamos en el tribunal. Para opinar sobre esta acusación, lo primero que habría que hacer es leerla, si no se lee no hay forma de opinar sobre esta acusación”.
“Ahora, una cosa: nosotros no hablamos por hablar, no hacemos ninguna afirmación, sino tenemos la evidencia de ella; si nosotros decimos que la yegua es parda, es porque tenemos los pelos en las manos”, dijo, al ser abordado por los periodistas mientras salía de audiencia en en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Al concluir la jornada, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoce la audiencia de medida de coerción del general De los Santos Viola, se reservó el fallo para este martes, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
La pasada semana la jueza Romero impuso medidas de coerción a 12 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G, incluyendo a los también generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como a otros altos oficiales del cuerpo del orden.
Los oficiales cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
En el transcurso de las pesquisas contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
