La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo la madrugada de este miércoles que, debido a los riesgos procesales, la medida de coerción de prisión preventiva debe mantenerse a los imputados del Caso Medusa.
Las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, decidirán este miércoles a las 2:00 de la tarde el recurso presentado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra.
“En derecho, y una ponderación sana de las evidencias, de los riesgos procesales, la medida de coerción debe ser ratificada y el recurso (de apelación) desestimado”, dijo la procuradora adjunta, al observar que los imputados trataron de desnaturalizar la verdad frente a las juezas.
Añadió que, en buen derecho, todo lo que el Ministerio Público ha establecido para el caso se ha demostrado. Recordó que las pruebas contra el exprocurador y sus colaboradores “son contundentes” y que ya está demostrado que existen enormes riesgos procesales en este caso”, destacó.
Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezan el equipo investigador y litigante en el proceso.
El exprocurador Rodríguez guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo Hombres, en San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.
En el transcurso de la investigación del caso el Ministerio Público ha recabado múltiples pruebas que siguen blindando las imputaciones iniciales y abren nuevas líneas de investigación, logrando la obtención de más evidencias del entramado de corrupción que encabezó el exprocurador Rodríguez.
El órgano de justicia les imputa a los implicados en el Caso Medusa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Los procesados también enfrentan cargos de infracción al artículo 3 de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público también les imputa cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
