SANTO DOMINGO. – Al presentar este viernes su recurso de apelación ante la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en contra del auto de no ha lugar dictado en el caso de Los Tres Brazos, el Ministerio Público se mostró confiado en que se revocará la decisión y se dictará apertura a juicio contra todos los acusados.
El exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fue destituido tras ser investigado por cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones, dictó el auto de no ha lugar a favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), así como de otros 16 acusados por la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
Al responder preguntas de la prensa sobre el recurso de apelación, el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que “el caso bochornoso de corrupción debe ser discutido en un juicio”.
“En el día de hoy el Ministerio Público presentó su recurso de apelación en contra de la decisión que dio un auto de no ha lugar a los imputados del Caso de Los Tres Brazos”, detalló.
“Nosotros pudimos demostrar al tribunal que la decisión que nosotros apelamos fue una decisión completamente injusta, contradictoria, ilógica y violatoria a lo que son las leyes y el debido proceso”, agregó el fiscal litigante. En ese mismo sentido, dijo: “tenemos toda la seguridad de que una vez la corte de apelación examine nuestro recurso y examine esa decisión no hay ninguna otra posibilidad que no sea dictar auto de apertura a juicio para que este caso bochornoso de corrupción se discuta en un juicio que es a lo que aspira el Ministerio Público y a lo que aspira la sociedad dominicana”.
Marmolejos adelantó que la semana próxima continúa la presentación del recurso de apelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y luego las réplicas de los imputados a los recursos de apelación.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional inició este viernes el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
Los jueces Doris Pujols, Rafael Báez e Indhira Montás ordenaron el inicio de la audiencia a las 9:00 de la mañana.
El órgano acusador, representado por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Rosa Pichardo, Aurelio Valdez y Wagner Cubilete, presentó su recurso con el que buscan que los acusados sean enviados a juicio.
Fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
El tribunal fijó la próxima audiencia para el viernes 04 de agosto, a las 9:00 de la mañana.
El fiscal José Miguel Marmolejos luego de la emisión del auto de no ha lugar calificó la decisión como “completamente divorciada” del Derecho, que no se corresponde con la acusación formulada ni con las pruebas presentadas ante el tribunal.
Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
