SANTIAGO.- La procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, manifestó este jueves que ha procurado intervenir lo menos posible en el manejo de los casos, sin importar sin el mismo es de relevancia en la sociedad o no.
“Aprovecho la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener”, manifestó la magistrada Germán Brito.
La procuradora Germán Brito expuso que “la seguridad jurídica, sin duda, impone deberes a los poderes públicos, pues esta constituye un valor instrumental para garantizar la libertad y la igualdad, así como para crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera”.
Afirmó que el aseguramiento de la seguridad jurídica requiere así de una persecución penal racional y conforme a Derecho.
“La seguridad jurídica exige, además, contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan injerencias e intromisiones de ningún tipo”, dijo durante su participación en la actividad.
La máxima representante del Ministerio Público resaltó que los actores del sistema, en particular fiscales, deben acatar el derecho imperativo y dejar de lado las soluciones populistas, sin que ello implique ignorar las legítimas pretensiones de la ciudadanía.
“El reto que tiene ante sí el Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder”, apuntó.
Favoreció que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas, pero dijo que debe tomar una distancia prudente, para ejercer la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.
Resaltó que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes y no tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso.
“Dado que entonces se cuenta con medios limitados y que resulta imposible para cualquier sistema penal perseguir todos y cada uno de los crímenes, debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como son el crimen organizado, los delitos financieros y la corrupción administrativa”, sostuvo.
La magistrada Miriam Germán Brito destacó que tradicionalmente, en el país no se han hecho esfuerzos notorios para combatir este delito, por lo que se justifica el clamor social de “cero impunidad” cuando el erario ha sido comprometido en detrimento del desarrollo humano, al tiempo que dijo “quiero enfatizar que esta lucha sí es prioridad de esta gestión”.
“He repetido en varias ocasiones que habrá consecuencias, más no en violación del debido proceso y las garantías constitucionales de las personas investigadas”, precisó.
Durante su exposición, dijo que cometer actos de corrupción no suele asentarse en un único territorio, pudiendo generar una transnacionalidad que impone el deber a los diferentes Estados de actuar en forma coordinada e inteligente. “Adquieren relevancia la cooperación y asistencia internacionales”, especificó.
Refirió que hace falta, además, sacar un mayor provecho a los mecanismos de negociación que se han otorgado desde que se implementó el sistema penal acusatorio, a fin de recabar información para identificar los activos ilícitos susceptibles de ser confiscados (modificando el enfoque, haciendo uso adecuado para prevenir el comportamiento).
“Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.
“En todo caso, ha sido más prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la función, apostando por un rol de fiscalización moderado a través de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación”, agregó.
Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas. “Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.
En su ponencia ante la Cámara Americana de Comercio, la procuradora general sostuvo que “una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas es una donde puede decirse que hay seguridad jurídica, concepto que exige que la ley sea estable en el tiempo y que los actores económicos puedan hacer predicciones seguras sobre su accionar”.
“Aspiramos, pues, a contribuir significativamente con las condiciones institucionales que permitan garantizar la seguridad jurídica que la sociedad dominicana espera, sin sucumbir a los cantos de sirena del populismo penal que nos pueden llevar a transitar caminos de abusos y maltratos”, concluyó.
La funcionaria habló durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amcham-DR), celebrado en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, de Santiago.
