SANTO DOMINGO (R.D.).- El Ministerio Público continuó este martes con el interrogatorio a Sergio Alejandro Miniel Castillo, perito de la Cámara de Cuentas, con quien sentaron las bases e incorporaron el informe de la investigación especial practicada a los fondos desembolsados por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), a favor de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, inc., (FUMUDESJU), presidida por Lucía Medina Sánchez.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, aseguró que esta auditoría ha revelado la asignación de fondos irregulares a dicha fundación e indicios serios de faltas penales.
En ese sentido, Mirna Ortiz detalló que la ley del FONPER prohibía la donación de fondos a familiares directos de personas vinculadas a la entidad, lo que configura un caso de desfalco y mala administración de fondos, situación que no fue supervisada adecuadamente por FONPER bajo la gestión de Fernando Rosa y su vicepresidenta administrativa, Magalys Medina Sánchez.
La fundación FUMUDESJU era presidida por Lucía Medina Sánchez, hermana de la entonces vicepresidenta administrativa del FONPER, Magalys Medina Sánchez, quien está imputada en este proceso judicial, junto a su hermano Alexis Medina Sánchez.
“A nuestro juicio, y es lo que estamos demostrando con nuestras pruebas, existe una implicación directa por parte de Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes violaron la normativa interna de FONPER al aprobar fondos para esa organización”, señaló Ortiz.
Además, detalló que Carmen Magalys Medina Sánchez es corresponsable, como directora administrativa del FONPER, de los pagos, gastos y contrataciones realizadas en la entidad gubernamental durante su gestión.
Sobre denuncia de Participación Ciudadana
Al ser cuestionada sobre el informe del movimiento no partidista Participación Ciudadana, que expresa su preocupación por la alegada lentitud en este y otros casos de corrupción, Mirna Ortiz aseguró que el Ministerio Público ha estado activo en todos los procesos.
“A pesar de la carga laboral que enfrentan los tribunales, lo que retrasa el inicio de las audiencias, y otras cuestiones como la salud de los involucrados, que han provocado extensiones de los procesos, hemos estado listos para conocer cada caso desde el primer día”, explicó Ortiz.
“Procesos con muchas partes, con muchos imputados, sin embargo, esos retrasos no han sido provocados por el Ministerio Público”, enfatizó.
Anomalías identificadas en la auditoría especial
La auditoría especial presentada por la Cámara de Cuentas identificó diversas irregularidades, incluyendo ingresos no reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por un monto de RD$38,250,000, la ausencia de cheques físicos y registros contables correspondientes a varios meses, así como discrepancias en las nóminas y reportes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
También se detectaron pagos por actividades sin comprobantes justificativos y adquisiciones sin evidencia de su uso en las actividades de la fundación.
Entre otras anomalías destacadas, se identificaron pagos de RD$8,800,000 en medicamentos sin formalidad del proveedor y diferencias entre salarios reportados a la TSS y los pagados por nómina.
La audiencia fue aplazada para el próximo lunes 9 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, fecha en la cual la barra de la defensa continuará el contrainterrogatorio al perito de la Cámara de Cuentas.
