La Procuraduría General de la República informó este jueves que pedirán un año de prisión preventiva contra la fiscalizadora Carmen Lissette Núñez Peña y la dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que participaron en un operativo en una barbería en Villa Vásquez y en el que se aprecia a los agentes lanzar paquetes pequeños que aparenta ser drogas en el lugar, cuyo video se hizo viral.
Junto a Núñez Peña también fueron detenidos y sometidos a la acción de la justicia el mayor de la Policía Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez, y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana Adan Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, respectivamente, solicitando el Ministerio Público en su contra la imposición de medidas de coerción de un año de prisión preventiva al Juzgado de la Instrucción de Montecristi.
El procurador Jean Rodríguez dio la información al ofrecer declaraciones a la prensa en la sede de la institución sobre los avances del proceso judicial que se lleva a cabo en contra de este grupo de imputados.
Señaló que la aplicación de la ley es igual para todos, sin importar a que institución pertenezcan, ni la posición que ocupen, ni su condición económica, al tiempo que dijo que todo el que incurra en actuaciones dolosas deberá responder por sus hechos en los tribunales.
“El país siempre tendrá en mí a un procurador general de la República que procura justicia ante todo hecho que riña con la ley y, como lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión, en este caso buscaremos que sea debidamente sancionado”, expresó ante periodistas de diferentes medios de comunicación.
A través de un comunicado de prensa que recoge las declaraciones del procurador general de la República, se informó que por este caso las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional también persiguen a Carlos Daniel Estévez, alias Mendañito, a quien pidieron que se entregue por las vías correspondientes.
La información destaca que el Ministerio Público ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de violación a los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal, así como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifican el abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.
El órgano investigador del sistema de justicia destacó que cuenta con diferentes evidencias, tanto periciales, materiales, testimoniales como documentales que han permitido establecer que presuntamente planificaron y ejecutaron la colocación de drogas en dicho establecimiento.
Dijo esperar que el Juzgado de la Instrucción de Montecristi acoja su pedimento y le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, por ser la medida cautelar más idónea a imponer en este caso por existir evidentemente el peligro de fuga.
Destaca el comunicado que el Ministerio Público trabaja desde ocurrió el hecho para establecer la verdad en el marco del debido proceso, y actuar en consecuencia, procurando que impere la justicia.
