Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos a finales de septiembre de 2014 en el estado mexicano de Guerrero, rechazaron este jueves el informe que presentó en la víspera el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al considerar que reitera informaciones que ya habían sido desmentidas en el documento conclusivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
«Creo que hay bastantes informes del GIEI donde todo esto ha desmentido y, aún así, hay pruebas donde se está viendo que están utilizando otra vez los mismos testigos que fueron torturadosy que en su momento fueron liberados. ¿Cómo es posible que nos entreguen o que suban en las redes sociales una información que ya fue pasada y desmentida en su momento con contundencia?», reclamó uno de los voceros desde el Campo Militar Número 1.
De otro lado, insistieron en la apertura íntegra de los archivos del Ejército, pues allí se encontrarían indicios indispensables para determinar el paradero de 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, como apuntan las interceptaciones telefónicas que sirvieron para establecer la colusión de las autoridades con el cártel Guerreros Unidos en la perpetración del crimen.
Pese a las críticas, los padres de familia estimaron conveniente levantar temporalmente el plantónque tenían en la sede militar desde el pasado fin de semana y mantener el diálogo con las autoridades nacionales, en interés de hacer seguimiento a los avances de la investigación y ofrecer un plazo para que se cumpla la ordenpresidencial relativa a la entrega de toda la información relevante para el caso, sin tachaduras u omisiones.
Peña Nieto en la mira
Como parte de los señalamientos hacia la actuación de la justicia en relación con las responsabilidades de los funcionarios que crearon la «verdad histórica» del caso, como se le llamó a la tesis oficial construida por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que aseguraba, sin evidencia, que los estudiantes fueron secuestrados por policías municipales, en colusión con Guerreros Unidos, luego asesinados y los restos incinerados en el basurero de Cocula.
«Nuestra exigencia es puntual: investigación penal al expresidente», dijo un vocero de los padres.
En su criterio, el exprocurador Jesús Murillo Karam, para quien la Fiscalía pidió 82 años de cárcel por estos hechos, «no pudo mandarse solo, necesitaba que le ordenara una autoridad por arriba», y esa persona, aseguran, sería Peña Nieto.
Fuente RT
