Entre cuatro y cinco pasos utilizados por migrantes irregulares en el tapón del Darién, ubicado en la provincia panameña homónima, fueron cerrados por el Gobierno del país centroamericano.
Esta medida busca disminuir la migración irregular por esas trochas en plena selva, que es dirigida por ‘coyotes’ procedentes de Colombia, país vecino con Panamá, informó el titular de Seguridad Pública, Frank Ábrego.
Ábrego aseveró que se creó un «paso humanitario» con la finalidad de que se respeten los derechos humanos de los migrantes y que se garantice su vida. Este camino comienza en el sector Cañas Blancas, continúa por el río Turquesa, sigue por el pueblo de Bajo Chiquito y culmina en la población de Lajas, donde las personas son atendidas por la Cruz Roja Nacional e Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés), entre otros, recoge la página web de la cartera que dirige.
El ministro agregó que en la zona estarán las patrullas del Servicio Nacional de Fronteras, para que «mantengan la seguridad y combatan a quienes tratan de cometer delitos contra los migrantes«.
Una decisión controversial
Frente a esta determinación de Panamá, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha expresado su desacuerdo en varias oportunidades. La más reciente fue esta semana, cuando escribió en su cuenta de X que «los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar«, con referencia a las medidas para cerrar los pasos anunciadas por el presidente panameño, José Raúl Mulino. Asimismo, dijo que «la migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del Sur».
A pesar de los reparos, Panamá sostiene que estas medidas han permitido un «control efectivo» del paso de migrantes, si bien el flujo no ha disminuido. Ya el pasado 3 de julio había anunciado que cerraría tres pasos.
Por su parte, Ábrego manifestó que Bogotá fue notificada sobre la implementación de este corredor humanitario y recordó que en la zona fronteriza «no existe un puesto de migración conjunto entre Panamá y Colombia», por lo que «para cerrar los pasos de migrantes, no hay que consultarle al vecino país».
Por su parte, Mulino aseveró el pasado 9 de julio que su país tiene un «problema muy agudo» con la frontera con Colombia y que los límites con EE.UU. se encuentran en Lajas Blancas, en la provincia del Darién.
«Esto es un problema de EE.UU. y estamos cargando con un costo de 100 millones de dólares por año», dijo.
Una reunión con EE.UU.
El mismo día que se anunció el cierre de los pasos por el Darién, el ministro de Seguridad Pública sostuvo un encuentro con la embajadora estadounidense, Mari Carmen Aponte y con el contraalmirante Mark Schaefer, comandante de Operaciones Especiales del Comando Sure.
«Somos socios y colaboradores en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas. Nuestra principal tarea es evitar que la droga llegue a Panamá, además de impedir que llegue a ciudades como Boston, Miami, Houston y Los Ángeles», dijo Ábrego.
El pasado 1 de julio, Panamá y EE.UU, firmaron un memorando de entendimiento para el manejo de la migración que incluye «el apoyo a operaciones panameñas de repatriación seguras y efectivas». El Departamento de Estado se encargará de la financiación de la repatriación de personas extranjeras «que no cuenten con base legal para permanecer» en el país centroamericano.
«Este programa busca reducir la migración irregular«, dice una nota publicada por la Embajada estadounidense en Ciudad de Panamá.
