Decenas de panameños celebraron este martes la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406, un polémico contrato establecido entre el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la compañía Minera Panamá –filial de la canadiense First Quantum Minerals– para la explotación de una mina de cobre a cielo abierto dentro de un bosque tropical durante 20 años.
A primera hora de la mañana, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime y apuntó que en términos prácticos, el instrumento jurídico quedó expulsado «del sistema normativo que rige en el país».
Mientras, grupos organizados que lideraron las protestas atribuyeron el dictamen a la presión que ejercieron en las calles por más de un mes, pese a la represión policial.
Ganaron los derechos ciudadanos
La noticia fue recibida con beneplácito en las inmediaciones de la CSJ, donde decenas de activistas acampaban desde la semana anterior, en espera del dictamen, con el que aspiraban que la nación centroamericana pusiera punto final a la actividad minera en áreas protegidas.
Según se lee en la sentencia citada por La Prensa, los magistrados determinaron que no cabía duda al afirmar que se encontraban «en presencia de un conflicto constitucional» caracterizado por la colisión de «derechos fundamentales de la población, como lo son, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano libre de contaminación», con el «interés particular» de inversionistas privados «que procuran el crecimiento económico».
Del mismo modo, los togados calificaron como «afrenta» a la separación de poderes la manera como se aprobó la ley-contrato minero, pues se dejó de lado la declaratoria de inconstitucionalidad de 2017 y se incurrió en los mismos errores que motivaron aquella sentencia.
Tensiones crecientes
La anulación de la Ley 406 se produjo tras más de un mes de protestas ciudadanas masivas y de crecientes tensiones entre la Administración de Cortizo y la población, donde abundaron acusaciones cruzadas de represión y vandalismo, respectivamente.
Desde el Ejecutivo se intentó –sin éxito– poner freno a los reclamos con una propuesta de referéndum –negada por las autoridades electorales–, mientras que el Legislativo sancionó una ley que prohíbe otorgar nuevas concesiones para proyectos mineros por tiempo indefinido.
Adicionalmente, el presidente instruyó la congelación de los fondos obtenidos a partir de regalías y obligaciones de Minera Panamá en una cuenta especial del Banco Central de Panamá hasta tanto no se resolviera la querella con la CSJ y el equipo económico advirtió que el presupuesto de 2024 sería menor al del año en curso por «cambios en las condiciones del país», en referencia velada a la probable pérdida de ingresos derivados de la minería.
La semana previa, Minera Panamá comunicó sobre una eventual reducción de sus operaciones, en virtud de los sucesivos piquetes instalados en las inmediaciones del puerto internacional de Punta de Rincón, al tiempo que solicitó al máximo órgano judicial desestimar la demanda de inconstitucionalidad por falta de argumentos y denunció una supuesta «presión política» para fallar a favor de los querellantes.
