En la mañana de este martes, manifestantes salieron a las calles en las ciudades de Jerusalén, Haifa y Tel Aviv, en Israel, para bloquear las carreteras principales y concentrarse cerca de organismos estatales, en el marco del ‘día de la interrupción’, un movimiento a escala nacional contra la reforma judicial propuesta por el Gobierno israelí, informó The Times of Israel.
Esta reacción fue provocada por la aprobación inicial, el 10 de julio, de una ley dirigida a limitar las competencias de control de la Corte Suprema por parte de la Knéset, el Parlamento unicameral del país. Esta directiva forma parte de un paquete de reformas judiciales propuestas por la coalición gubernamental, encabezada por el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, y compuesta de su partido Likud y sus aliados ultranacionalistas y ultraortodoxos.
Durante el ‘día de la interrupción’ los activistas planean ocupar el aeropuerto principal de Israel, Ben Gurion, así como protestar cerca de la Embajada estadounidense y la residencia del presidente israelí. Asimismo, se espera que los manifestantes se concentren ante el Tribunal Supremo y la Knéset. Algunos empleadores, incluso bancos, universidades y empresas tecnológicas, han permitido a sus trabajadores tomarse el día libre para unirse al movimiento.
Además, desde la mañana, participantes del movimiento instalaron tiendas de campaña en las rutas más importantes, llamando al puesto «campamento democrático». La Policía desalojó con un cañón de agua a los manifestantes que obstruían una de las arterias principales que conducen a Jerusalén y detuvo a otros tantos que estaban obstruyendo una autopista próxima a la ciudad central de Modiin.
Las manifestaciones comenzaron hace casi seis meses y continúan hasta el día de hoy, con miles de israelíes protestando en las ciudades grandes en un marco de descontento nacional.
El proyecto de ley, impulsado por la coalición de Benjamín Netanyahu, otorgaría al Gobierno una influencia decisiva en la selección de los jueces, limitando el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del Ejecutivo.
Los críticos consideran que la normativa debilitaría en gran medida la independencia judicial, dado que Israel no tiene una Constitución, sino únicamente una comisión parlamentaria que se dedica a esos temas y que actualmente se halla controlada por la fuerza política gobernante.
Fuente RT
