El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este martes que está en marcha un proceso para deponerlo. «Ha comenzado el golpe de Estado«, escribió en su cuenta de X.
Su comentario se produjo a minutos de que el Consejo Nacional Electoral acordara el inicio de una investigación y la apertura de un pliego de cargos en su contra, que se extiende a tres miembros de su campaña, en razón de su aparente responsabilidad en la violación de los topes establecidos para la liza de 2022, según reseña El Tiempo.
Además del mandatario, el ente comicial acordó investigar a su entonces jefe de campaña, Ricardo Roa Barragán; a la tesorera de campaña, María Lucy Soto Caro; al auditor Juan Carlos Lemus Gómez, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, ambos vinculados con partidos de la oposición, consignaron en mayo pasado una ponencia en la que se refieren presuntas violaciones a los topes electorales superiores a los 5.355 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares).
Los señalamientos se basarían en fondos no declarados, que abarcan desde donaciones y el pago a testigos electorales, hasta el desembolso de traslados aéreos y el alquiler de espacios usados para actos proselitistas.
La respuesta de Petro
El jefe de Estado neogranadino negó estas acusaciones, aclaró en detalle el origen del dinero bajo cuestionamiento y aseguró que el CNE ha incluido en su causa actos previos al inicio de la campaña, una factura errada que fue posteriormente enmendada y un cálculo tendencioso de horas de vuelo, que no se corresponde con la metodología establecida para esos casos.
«Solo después y ante la presión de alguna prensa de ultraderecha, y por decisión política de esos grupos, comenzaron otro proceso investigativo con una ponencia centrada en buscar sobretopes donde no los había con un propósito: […] dar el golpe de Estado», afirmó en un post publicado el pasado 17 de septiembre.
En esos mismos días, Petro denunció abiertamente que desde el CNE se pretendía desaforarlo, pues esa entidad del Estado carece de competencias constitucionales para investigarlo. «Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado«, dijo entonces.
A estos señalamientos agregó que sus adversarios políticos, en contubernio con «la mafia» –el narcotráfico–, tramaban expulsarlo del poder en un lapso de tres meses por medio de un magnicidio o de una destitución irregular.
Fuente RT
