La politóloga, investigadora y activista social Silvia Soto Fernández considera que la mayoría de las mujeres que ocupan espacios de poder, especialmente en el Congreso Nacional, no muestran interés ni compromiso con los derechos de la mujer. En su lugar, reproducen el mismo discurso populista de los hombres y, al igual que ellos, las instrumentalizan electoralmente.
Soto señaló que la clase política en general mantiene una gran deuda con las mujeres, quienes, según datos de la Junta Central Electoral, representan el 51.28 % de los votantes. Sin embargo, continúan siendo víctimas de grandes inequidades y violaciones a sus derechos.
Entre los principales problemas que afectan a las dominicanas, destacó:
· La brecha de pobreza respecto a los hombres, siendo las mujeres un 3.6 % más pobres.
· La brecha salarial, que alcanza un 30 %.
· La alarmante tasa de feminicidios, un fenómeno que enluta familias casi a diario. República Dominicana ocupa el segundo lugar en el Caribe con 2.4 feminicidios por cada 100,000 mujeres, solo por detrás de Honduras, que registra 7.2 casos, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
· La alta tasa de embarazo en adolescentes. Según la CEPAL, el país ocupa el segundo lugar en el Caribe, después de Guyana, y uno de los cinco con mayor índice en América Latina, con 77 nacimientos por cada 1,000 madres menores de edad.
· La elevada tasa de mortalidad materna, situando al país en la posición 15 de 41 en la región.
Soto también expresó su preocupación por el retroceso de las mujeres en la ocupación de espacios de poder desde la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2020. Actualmente, solo 2 de los 23 ministerios están encabezados por mujeres, lo que equivale a apenas un 8.6 %.
Además, considera que la designación de mujeres en todas las gobernaciones —una medida que ya había sido implementada en los gobiernos de Joaquín Balaguer— no representa un verdadero empoderamiento político, ya que estas posiciones carecen de presupuesto y poder de decisión.
A pesar de esto, reconoció avances a nivel municipal, donde 1,598 mujeres ocupan cargos como alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, directoras y vocales, lo que representa el 42.84 % del total de posiciones electivas.
En cuanto a la agenda legislativa, Soto insistió en la necesidad de aprobar un Código Penal garantista de los derechos de la mujer y la legalización del aborto bajo las tres causales, propuesta que, según ella, cuenta con el respaldo del 78.8 % de la población dominicana y es vista como un derecho por el 83 %. También recordó que el presidente Luis Abinader y el PRM se comprometieron a impulsar esta reforma.
Asimismo, subrayó la importancia de otras iniciativas legislativas, como la Ley Integral de Prevención, Atención, Sanción y Reparación de la Violencia contra las Mujeres, la ratificación del Convenio 190 de la OIT, que contribuiría a la protección de los derechos laborales de las mujeres, y la implementación de la educación sexual, fundamental para reducir los embarazos en adolescentes y prevenir embarazos no deseados.
Finalmente, lamentó que algunas instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación y el de Salud Pública, estén eliminando el enfoque de género debido a la presión de sectores religiosos. Soto calificó de falsa la afirmación de que dicho enfoque busca promover una orientación sexual no binaria en los niños, señalando que su verdadero propósito es fomentar la educación en igualdad y respeto.
«No se trata de ideología, sino de evitar que los niños crezcan creyendo que las mujeres son propiedad de los hombres y de promover relaciones libres de violencia», concluyó.
