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¿Por qué jueza recesa conocimiento medidas de coerción contra implicados en Calamar?

Kenia Romero, jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó la noche de este miércoles el conocimiento de las medidas de coerción con contra de 40 implicados en operación Calamar, acusados de corrupción contra el erario.

El aplazamiento tuvo causa debido a las más de 10 horas en las que el Ministerio Público presentó parte del expediente acusatorio en contra de los involucrados, entre los que figuran Gonzalo Castillo, Donald Guerreo y José Ramón Peralta.

La audiencia será continuada este viernes.

El expediente acusatorio tiene más 3,000 páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las que detallan cómo los miembros de esta red habrían sustraído más de 17,000 millones de pesos al Estado, los que sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa, totalizan más de 19,000 millones.

Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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