SANTIAGO .-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso la prisión preventiva, durante 12 meses y declaró de tramitación compleja, el proceso contra un hombre imputado de pertenecer a una de las estructuras del narcotráfico y lavado de activos desarticuladas por la Operación Halcón IV.
La medida de coerción se impuso contra Roberto Álvarez Joaquín (Nino), de 42 años de edad, quien fue detenido en medio de los operativos que el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la Policía Nacional desarrollaron en conjunto, el pasado fin de semana en el sector La Joya.
Durante su arresto a Álvarez se le ocupó un arma de fuego con su cargador y varias cápsulas para la misma, varias porciones de un polvo que se presume pueda ser cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y un chaleco antibalas.
En la audiencia, presidida por el magistrado juez José Rafael D’ Asís, las fiscales del Ministerio Público, Quirsa Abreu y Martha González, basándose en la multiplicidad de elementos de pruebas, presentaron contra Álvarez cargos provisionales por violación a la Ley 50-88 de Control de Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El prevenido es un activo importante en la estructura criminal que patrocina Joel Ambioris Pimentel García (La J), quien se encuentra prófugo de la justicia y con quien, coordinaba la distribución de drogas en varios sectores de Santiago.
A la organización criminal se le atribuye expandir en varias regiones del país y del extranjero el ilícito negocio del tráfico de drogas, lo que ejercía asumiendo, a fuerza del uso de armas de fuego, sembrando terror, el control de numerosos puntos de distribución y venta de drogas, lo que generó muertes e inseguridad.
La muerte de un niño de 10 años en el sector La Cambronal, el pasado 9 de junio, se le atribuye a los enfrentamientos que estos grupos tenían para asumir la hegemonía del negocio.
El pasado 22 de junio, este mismo tribunal, impuso medidas de coerción contra tres importantes líderes de estas estructuras; siendo así que cumplen prisión preventiva los imputados Daniel Alfredo Paulino Cáceres, durante dieciocho meses; Fernando Divaris Cruz Valerio, por doce meses, y Charles Wilson Mosquea Ovalles, durante nueve meses.
Contra este primer grupo también se impuso la declaración de caso complejo.
La Operación Halcón IV permitió la identificación de los cabecillas de estas bandas criminales; además, posibilitó que se sacaran de circulación varios de los brazos operativos, se ocuparan armas, droga, dinero en efectivo y otros bienes adquiridos con el negocio ilegal.
Fruto del despliegue de decenas de fiscales, agentes de las fuerzas policiales, investigadores, antinarcóticos, la provincia de Santiago ha elevado sus niveles de seguridad, en tanto que las autoridades, en un esfuerzo conjunto, permanecen en las calles manteniendo y garantizando la paz pública.
