La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que el exmandatario va a llegar a su país «en el momento en que la justicia peruana iniciará un juicio oral contra él».
El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) a su país, para que responda por los delitos de colusión y lavado de activos. Ahora se espera que el traslado del político sea inmediato.
El fiscal superior Alfredo Rebaza, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, explicó que se le notificará la decisión a Toledo para darle la oportunidad de que «él se entregue»; y, en caso de que no ocurra, «el Estado tendrá que ejecutar su decisión de una detención».
«De acá debemos esperar que las autoridades de EE.UU. confirmen que esta persona ya está lista para ser trasladada y sobre ello el Perú confirma cuál sería la comitiva, seguramente de Interpol y otros funcionarios, que van a ejecutar justamente esta decisión; es decir, ir allá, ejecutar la entrega y hacer el traslado a territorio peruano», añadió, citado por RPP.
El fiscal espera que, aunque «no hay un plazo estricto», todo el proceso para que Toledo esté finalmente en suelo peruano no se extienda por más de siete u ocho semanas.
La defensa legal del exmandatario anunció que presentará un recurso ante la Corte del Distrito Norte de California, en EE.UU., para pedir la suspensión del proceso de extradición. Sin embargo, Rebaza indicó que se trata de una decisión que ya «ha pasado por todas sus etapas», con lo cual se espera que «sea ejecutable luego de las coordinaciones en el tiempo que esto conlleve».
El proceso en Perú
La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que Toledo va a llegar a su país «en el momento en que la justicia peruana iniciará un juicio oral contra él y otros investigados».
Añadió que «probablemente, es uno de los casos más completos que tiene el equipo especial» de Lava Jato.
Toledo está siendo procesado como un ciudadano común, debido a que su derecho a antejuicio político como expresidente, como lo establece la Constitución peruana, venció cinco años después que dejó el cargo.
Además, en febrero de 2017, la Mesa Directiva del Congreso acordó retirar otros beneficios que tenía en su condición de expresidente, como un vehículo en calidad de préstamo, los vales de combustible y la contratación de un personal de apoyo.
Toledo es señalado en Perú de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, a cambio de favorecer a la compañía en sus negocios en el país suramericano, cuando era mandatario.
La Fiscalía peruana pidió en noviembre pasado 35 años de cárcel para Toledo por el caso del tramo IV de la Carretera Interoceánica Perú-Brasil, que sería la tercera acusación en el marco del caso Lava Jato.
Previamente, se solicitaron 20 años y 6 meses de prisión en su contra, por aceptar un presunto soborno de 35 millones de dólares de Odebrecht; y también 16 años y 8 meses de cárcel por el caso Ecoteva, una trama de corrupción en la que el Poder Judicial «detectó una ruta de dinero con cuentas ‘offshore’ en Panamá y Costa Rica», que llegaron a Perú para la compra de inmuebles.
El exmandatario reside en EE.UU. desde 2017, y Lima solicitó al año siguiente su extradición. Así, en 2019 fue detenido en California y estuvo ocho meses en prisión, aunque luego pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, beneficio que obtuvo en medio de las medidas emprendidas por la emergencia ante el coronavirus.
Toledo no es el único expresidente de Perú señalado de estar inmerso en casos de corrupción y de recibir sobornos por parte de Odebrecht. El exmandatario Pedro Pablo Kuzcynski permaneció en arresto domiciliario, Ollanta Humala se encuentra en medio de un proceso judicial en desarrollo y Alan García se suicidó poco antes de ser arrestado.
Fuente RT
