El Gobierno de México ofreció este jueves una conferencia de prensa para detallar el avance de la investigación del incendio en una estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, que dejó un saldo de 39 fallecidos y 27 lesionados, que aún permanecen hospitalizados.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó la nacionalidad de las víctimas fatales: son 6 hondureños; 7 salvadoreños; 18 guatemaltecos; un colombiano; y 7 venezolanos.
Además, la funcionaria detalló que hay 28 personas heridas, 27 de las cuales continúan internadas. De ellos, 5 son salvadoreños; 10 guatemaltecos; 8 hondureños y 5 venezolanos. Del total de lesionados, 18 están «graves», ocho «delicados» y uno «estable». La recomendación de los médicos es no mover a las personas lesionadas de donde se encuentran, ya que están siendo atendidas, añadió.
«México siempre va a estar del lado de las víctimas, les decimos a los familiares que no habrá impunidad y quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia», manifestó la secretaria de Seguridad. Y agregó que «la prioridad» en este momento es atender a «los heridos y afectados».
Empresa en la mira de las autoridades
Además, afirmó que se tiene identificada a la empresa de seguridad privada que operaba en el centro de detención de migrantes. Se trata de Grupo CAMSA S.A. de C.V. y dos de sus socios responsables son David Vicente Salazar Gasca y George McPhail.
De acuerdo a las autoridades, la firma solo tenía reportados a cuatro agentes y no contaba con permiso para portación de armas. Respecto a la compañía, se inició un proceso administrativo para aplicar sanciones, imponer una multa y revocar su permiso.
Cinco personas detenidas
Hasta el momento se han solicitado seis órdenes de aprehensión, de las cuales, se ejecutaron cinco, informó la titular de la Fiscalía Especializada, Sara Irene Herrerías.
Las órdenes fueron emitidas contra tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y una persona que inició el incendio.
La fiscal aclaró que no podía brindar más información sobre las detenciones ya que eso violaría la presunción de inocencia y podría obstaculizar la investigación.
La noche del miércoles, Rodríguez, informó que se investigaba la presunta responsabilidad de tres funcionarios –dos agentes federales y uno estatal de migración– y de cinco guardias de una compañía de seguridad privada que operaba en la estancia migratoria.
Los delitos por los que se abrió la carpeta de investigación son homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena. No obstante, en el desarrollo de la indagatoria podría acreditarse el delito de abuso de autoridad o malos tratos.
Pese a que las autoridades investigan a un migrante que habría prendido fuego a las colchonetas, provocando el incendio, la responsabilidad de los funcionarios y de los agentes de seguridad privada quedó en evidencia con la difusión de un video de una cámara de vigilancia, en donde se muestra cómo varios agentes se desplazaron por la sala sin intentar abrir la celda para dejar salir a las personas que estaban desesperadas por las llamas y el humo.
Fuente RT
