Luiz Antonio da Silva Braga, alias ‘Zinho’ y líder de la mayor milicia parapolicial de Río de Janeiro, sabía que corría el peligro de morir en los operativos desplegados para detenerlo y se entregó la víspera de Navidad tras arduas negociaciones con la Policía.
A sus 44 años, el hombre más buscado por las autoridades de Río de Janeiro y con 12 órdenes de captura en su contra, tiene una larga lista de delitos a sus espaldas: dirigir una poderosa organización criminal, gestionar un millonario esquema de lavado de dinero, extorsiones, corrupción de policías y asesinatos.
‘Zinho’ es el tercer miembro de un poderoso y violento clan conocido como la Familia Braga y la Policía lo buscaba desde 2018, aunque estas últimas semanas había intensificado las operaciones para capturarlo.
La Familia Braga
El primer dirigente de la banda fue su hermano, Carlos da Silva Braga, ‘Carlinhos’, que en 2010 fundó una de las primeras narcomilicias en la zona al unir a traficantes de una favela de la zona oeste con milicianos.
El diario local Folha de Sao Paulo, que cita fuentes policiales, asegura que ‘Carlinhos’ -que fumaba puros cubanos como Tony Montana en la mítica película de ‘Scarface’- implementó en la milicia una estética sacada de los largometrajes clásicos de la mafia.
Murió en 2017, durante un operativo policial cuando se encontraba en su domicilio.
Tomó el relevo otro de los hermanos: Wellington da Silva Braga, alias ‘Ecko’, que falleció en circunstancias similares a las de ‘Carlinhos’. El 12 de junio de 2021, los agentes de inteligencia recibieron información de que estaba en su vivienda visitando a su esposa e hijos. Al descubrir la presencia de los agentes, intentó escapar, pero recibió dos disparos en el corazón. Le trasladaron a un hospital, pero llegó muerto.
Fue entonces cuando ‘Zinho’ tomó las riendas del clan y dos años después, en octubre de 2023, sufrió otro batacazo cuando su sobrino, Matheus da Silva Rezende, ‘Faustao’ y futuro sucesor, fue abatido por la Policía.
La respuesta a la muerte de ‘Faustao’ fue brutal. La milicia coordinó un ataque simultáneo quemando 35 autobuses y un tren en la ciudad carioca, que generaron escenas de terror entre la población. La acción fue una demostración de la fuerza del clan y provocó pérdidas de cerca de 38 millones de dólares (unos 7 millones de reales).
Asesinato de un exconcejal
Entre las acusaciones que más eco han tenido contra ‘Zinho’ figura el asesinato en 2022 del exconcejal Jeronimo Guimaraes Filho. La Fiscalía piensa que, ante el temor de que el político pudiese recuperar poder tras salir de prisión, el líder de La Familia Braga ordenó su ejecución.
Guimaraes Filho había sido condenado por formar la Liga de la Justicia -que dio origen a la Familia Braga-, y que nació en el 2000 en un momento en el que la milicias ganaban fuerza como abanderadas de la «protección de los ciudadanos» ante la ofensiva del tráfico de drogas.
Poco a poco, estos grupos -compuestos por policías, militares o bomberos en activo o retirados- se fueron especializando en el comercio ilegal de bienes, como terrenos públicos o edificios construidos sin permiso, además de alimentos básicos o combustible adulterado.
Las bandas delincuenciales pelean con grupos rivales por conquistar territorio y extorsionan a los vecinos obligándoles a pagar por protección y acceso a servicios básicos como gas, agua, internet o televisión por cable al más puro estilo de la mafia.
Según un informe del Ministerio Público, que recoge G1, grandes constructoras se vieron obligadas a pagar a los parapoliciales mensualmente por cada proyecto que construyeron e incluso por obras realizadas por la municipalidad de Río de Janeiro.
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Vínculos con la política
Las milicias no solo imponen sus reglas, también sus candidatos en las elecciones. Deciden quién puede y quién no hacer campaña y conquistan mandatos parlamentarios. Uno de los últimos casos más sonados fue la reciente detención de la diputada Lúcia Helena Pinto de Barros, sospechosa de pertenecer al brazo político de la Familia Braga.
Pinto de Barros, conocida como ‘La madrina’, se encargaba de la articulación política con organismos públicos para satisfacer los intereses del grupo miliciano, investigado por organización criminal, tráfico de armas de fuego y municiones, homicidios, extorsión y corrupción.
La diputada es sospechosa de gestionar la destitución de agentes de policía en funciones que supuestamente perturban los negocios de la Familia Braga, y también de interferir políticamente para liberar a milicianos arrestados.
Fuente RT
