El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a tres imputados en la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el pasado año con la Operación Cattleya.
La medida de coerción le fue confirmada a los imputados Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), quienes cumplen prisión preventiva en diferentes recintos penitenciarios del país.
Los tres fueron arrestados tras la puesta en marcha de la Operación Cattleya en agosto del pasado año, dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Los fiscales Eduardo Velázquez y Aleika Almonte demostraron ante la jueza Altagracia Ramírez que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, logrando que le fuera ratificada.
La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 24 de abril de 2023, a partir de las 10:00 de la mañana.
El caso se sigue también contra Cristina Virginia González Hernández, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), así como de José Miguel Micheli, Angélica Quintero Niño y Daniel Enrique Inirio Abreu.
Además, contra Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Melvin José Valentín Peguero.
El proceso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El Ministerio Público puso en marcha el jueves 4 de agosto de 2022 la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
