El director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Gerardo de Icaza, afirmó hoy la República Dominicana y Ecuador son los dos únicos países en América Latina que tiene una tendencia clara a la democracia.
De Icaza sostuvo durante su ponencia en el congreso Internacional “Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos”, que organiza el Tribunal Superior Electoral (TSE) que de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo 35 están en América Latina.
Aseguró que la reelección presidencial no es un derecho humano y que en América Latina sólo dos países han tenido una clara tendencia democrática en los últimos diez años.
Sostuvo que el 70% de los países del mundo hoy en día no vive en democracia y que solo 3 % de los países vive en democracia.
Con el tema “Democracia” dijo que nunca ha visto una democracia que no se haya suicidado.
“Todos los que estamos aquí creemos en la democracia, la democracia nunca dura mucho se marchita, se suicida»
Dijo que en 2021 solo 15 países del mundo debieron ser más democráticos de lo que eran, y que en su mayoría eran países pequeños.
El congreso que continúa este viernes durante todo el día con las exposiciones “Democracia” , del mexicano Gerardo de Icaza; “Democracia en los partidos políticos, de la panelista dominicana Sonia Díaz Inoa; “Democracia Constitucional y medios de exigibilidad”, por Flavio Darío Espinal; la profesora Carmen Duran, quien abordará el tema “Derechos en los partidos”; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, “Constitución y leyes” y Servio Tulio Castaño, expondrá “ Exigibilidad en los partidos, en los tribunales”. La clausura está pautada para las 5:00 de la tarde.
El congreso fue iniciado ayer por la vicepresidenta Raquel Peña, quien aseguró que “en una democracia real, sana y garantista, los ciudadanos deben ser escuchados y sus demandas atendidas”, mientras que el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo aseguró que esa alta corte está comprometida en proteger el sistema electoral, la democracia, la existencia de los partidos y hacer valer los derechos políticos sin distinción de ideología, género, raza, religión, militancia política, fe, o creencia.
La vice dijo que los ciudadanos tienen ese derecho y ese es el valor real, el valor palpable de una democracia representativa.
Al pronunciar las palabras para dejar iniciado el del Congreso Internacional Partidos Políticos, Democracia y Derechos Políticos dijo que la democracia del país es joven, y siempre tiene que estar dispuesta a fortalecerse aún más.
Sostuvo que una de las tareas del Gobierno es continuar profundizando y perfeccionando la democracia representativa, escuchar, rendir cuentas y dar soluciones.
La funcionaria aseguró que atender las necesidades de los ciudadanos no puede depender de la voluntad de los gobernantes, “más bien, esta debe responder única y exclusivamente a la responsabilidad que todo servidor público tiene con la ciudadanía”.
De su lado, Camacho Hidalgo sostuvo que los partidos políticos juegan un rol fundamental en la construcción y permanencia de la democracia, porque a través de ellos se promueven y encauzan la participación de la ciudadanía mediante el ejercicio de sus derechos políticos consagrados en la Constitución y las leyes que inciden antes durante y después de los procesos electorales, precisó.
Camacho Hidalgo manifestó que se debe tener presente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, son entes sociales en los que convergen diferentes tipos de personas que comparten ideas, pensamientos y acciones; que se forman a partir del interés de sus asociados y en atención al ordenamiento jurídico vigente.
Indicó que de acuerdo con la Constitución dominicana, la conformación y funcionamiento de los partidos políticos deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia, deben garantizar la participación en los procesos políticos, contribuir al fortalecimiento de la democracia, a la igualdad de condiciones, a la formación de la voluntad ciudadana, respeto al pluralismo, servir al interés nacional, bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana.
Sostuvo que la Ley número 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece que son asociaciones de ciudadanos que de manera voluntaria se organizan con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional, acceder a cargos de elección popular e influir legítimamente en la dirección del Estado en sus diferentes instancias, expresando la voluntad ciudadana, para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad.
Indicó que la intervención de los partidos, agrupaciones y movimientos, en los procesos políticos, ha sido tan marcada que no podemos imaginar un proceso electoral en un sistema democrático sin la participación de los partidos políticos, y una ciudadanía en pleno ejercicio de sus derechos políticos, teniendo a la democracia como su plataforma y con plena confianza en el proceso organizado para la elección de las autoridades bajo el amparado de las disposiciones de las normativas vigentes.
Dijo que los partidos políticos constituyen el escenario más genuino en el que la ciudadanía puede ejercer abiertamente sus derechos políticos en un ambiente de democracia.
Invitó a los participantes a que presten mucha atención a la forma como funcionan nuestras estructuras políticas y los sistemas electorales en América Latina y cómo pueden ayudar a mejorar a las nuestras.
Dijo que el Tribunal Superior Electoral se enorgullece en haber organizado este Congreso Internacional, con el objetivo de presentar un enfoque universal generalista, no sectorizado o particular, como ha sido la cultura en el ámbito de la cosmovisión estructural y funcional de las agrupaciones políticas en el desarrollo de su formación y vigencia en la realidad dominicana.
Sostuvo que en ese escenario deben intervenir dos órganos constitucionales; primero la Junta Central Electoral, que está llamada a cumplir con todas las etapas que requiere el montaje de un evento electoral, además de que previamente en la formación y existencia de los partidos políticos, también ejerce su función reguladora; y Segundo el Tribunal Superior Electoral para conocer con carácter definitivo los conflictos electorales, dirimir las controversias que surjan a lo interno de los partidos y entre estos.
Manifestó que ambos órganos actúan con el liderazgo y la credibilidad necesaria para que sus decisiones sean aceptadas y reconocidas como las más amplias expresiones de la verdad, al imperio de la democracia y en consonancia con el Artículo 7 de nuestra Constitución, que declara que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho.
“La Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral son las alas que hacen volar la democracia, cual ave que remonta su vuelo sobre la República Dominicana”.
En 1963 se realizaron las elecciones como primer ensayo democrático, truncado por un golpe de Estado que generó una guerra civil; y es con las elecciones de 1966 que se marca el inicio de esta etapa democrática que discurre en la República Dominicana, registrándose como una de más larga permanencia; y, aunque no es perfecta, estamos avanzando en cada proceso celebrando contiendas electorales de manera regular e ininterrumpida, cada cuatro años.
“La democracia como ideología es el sistema más común para la organización de los partidos políticos y está arraigada entre los jueces del Tribunal Superior Electoral que su Pleno a propuesta nuestra acogió la moción de que adoptaremos como slogan o frase distintiva, para identificarnos como ¡Tribunal de la Democracia”, indicó.
Corresponde a los partidos políticos privilegiar este pensamiento y abrir espacios que permitan una masiva participación dentro de sus procesos, establecer un marco de seguridad en donde se generen conocimientos y aptitudes, ofrecer un futuro halagador para que se haga efectiva la participación de la mujer y la juventud; y se eleve a niveles directivos, a los escaños congresuales y en la función pública; pero sobre todo, actuar como agentes catalizadores de los cambios significativos que demanda la sociedad de hoy.
